Las previsiones económicas de la Comisión Europea mueven el tablero y obligan a replantear el rumbo de ciertas políticas que, al parecer, quedarán en el tintero. Si bien los pronósticos macroeconómicos son alentadores para España, donde según Bruselas, se registrará la mayor tasa de crecimiento, la situación no es igual de positiva para el resto de las economías de la eurozona. Las estimaciones recientes apuntan a un modesto crecimiento del 0,8% este año en la Unión Europea, por debajo del 1% previsto. En cuanto a la inflación, se espera que ésta alcance el 5,6% en 2023 y suba al 2,9% en 2024, lejos del 2% al que estimaba llegar el Banco Central Europeo.
La publicación de las estimaciones por parte de la Comisión coincide con los rumores recientes sobre la marcha atrás con respecto a la adopción de algunas regulaciones que se esperaban para fin de este año. Según informaciones publicadas por el diario británico Financial Times, basadas en declaraciones de altos funcionarios de la UE, la Comisión estaría considerando descartar ciertos proyectos debido a la repercusión que podrían tener sobre la inflación en los precios de los alimentos.
Entre los proyectos que la Comisión estaría considerando descartar, se menciona la reforma de la Ley de Bienestar Animal cuyo objetivo es mejorar el bienestar de animales utilizados por la industria agrícola. Este compromiso asumido por la Comisión surgió a partir de una iniciativa ciudadana europea conocida como “End the Cage Age” o en español “Acabemos con las jaulas” que instaba a la Comisión a prohibir la utilización de jaulas en la ganadería. Registrada en 2018, esta iniciativa obtuvo un amplio apoyo por lo que, finalmente, se la incluyó en la revisión de la legislación sobre bienestar animal en el marco de la Estrategia “De la Granja a la Mesa”.
En respuesta a la iniciativa, la Comisión se comprometió a presentar una propuesta legislativa antes del fin de 2023. Aunque, según reporta el FT, el cumplimiento de este compromiso en el plazo establecido, no está asegurado. Según recoge el medio citado, tres altos funcionarios de la UE involucrados en esta propuesta, aseguraron que la Comisión ha abandonado completamente este proyecto, como así también la legislación relativa a los alimentos sostenibles. Otras fuentes afirman que el plan no será abandonado en su totalidad, sino que será reemplazado por una versión reducida.
A pesar de las diferentes versiones, en lo que sí hay consenso es en que la Comisión está dando marcha atrás en sus planes debido a la preocupación latente de que estas propuestas puedan exacerbar la inflación de alimentos consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. El borrador del informe de impacto de la legislación de bienestar animal, estima el aumento de los costes para los agricultores en una media del 15%, lo que se traduciría en un incremento de los precios al consumidor y a las importaciones.
Otra iniciativa cuyo rumbo es incierto y que también forma parte de la estrategia “De la Granja a la Mesa” es la propuesta de etiquetado nutricional en la parte frontal del envase. Ésta tiene como objetivo facilitar la información en el etiquetado y así ayudar a los consumidores a tomar decisiones alimentarias más saludables y sostenibles. Para ello, se propone la introducción de un etiquetado nutricional normalizado y obligatorio en la parte frontal del envase. Sin embargo, la elección de un único sistema para todos los países del bloque no está resultando sencilla, por lo que la decisión está cada vez más lejos de concretarse.
El retraso de esta propuesta tiene que ver con el intenso debate que surgió a lo largo de la UE una vez que el modelo de etiquetado francés, conocido como Nutri-Score, comenzara a ganar popularidad. En su momento, el eurodiputado español, Adrián Vázquez Lázara acusó a Francia de “respaldar la etiqueta alimentaria NutriScore en su propio beneficio” y pidió a la Comisión “no caer en la trampa de introducirla en la Unión Europea”.
La “trampa” como la califica Vázquez Lázara, es el propio algoritmo que determina las calificaciones que se muestran en el etiquetado. Expertos advierten que la trampa de este algoritmo es que puede ser manipulado. “El algoritmo que configura la nota del Nutri-Score es público y la industria alimentaria ha encontrado la forma de maximizar los puntos positivos y minimizar los negativos. Lo que se busca es reformular los productos mal calificados, no mejorar su calidad”, explica el ingeniero Antonio Rodríguez.
Sin embargo, el principal problema de la etiqueta NutriScore es que no cuenta con suficiente evidencia científica que lo respalde. Es por ello que un grupo de más de 60 investigadores de Universidades, Institutos de Investigación, del CSIC y de Centros Hospitalarios de toda España, se han movilizado para concienciar sobre las razones científicas por las que consideran que Nutriscore es “inapropiado para atender los problemas nutricionales del mundo actual”.
Las dudas en torno al etiquetado se han esparcido a lo largo de la UE y son cada vez más los países que se oponen a su llegada. En Rumania, la Autoridad Nacional para la Protección del Consumidor (ANPC) ha decidido prohibir el NutriScore ya que, al igual que la autoridad italiana de protección al consumidor, consideran que el etiquetado induce a los consumidores a la confusión. Chipre, Grecia, Letonia, República Checa y Hungría se suman a la lista de países que se oponen a este modelo de etiquetado. Mientras que meses atrás, el Ministro de Agricultura y Viceprimer Ministro de Polonia, Henryk Kowalczyk, aseguró estar en contra del modelo francés.
Mientras el Nutri-Score se hunde por su propio peso, la llegada de un etiquetado nutricional armonizado al mercado europeo está retrasada. Al igual que la reforma de la Ley de Bienestar Animal, la propuesta de etiquetado frontal también estaba originalmente prevista para fines de año, pero todo apunta a que estas iniciativas tardarán en materializarse. La inflación y la creciente inseguridad alimentaria obligan a Bruselas a repensar sus políticas y por el momento, reina la incertidumbre en el seno de la Comisión.
