En Francia se están desarrollando grandes rebrotes de COVID-19. Ante ello, el gobierno del país ha optado por imponer la obligatoriedad del uso de mascarillas en los trabajos, a excepción de aquellos lugares de trabajo que sean individuales. En otras palabras, en sitios del trabajo donde no se pueda respetar la distancia de seguridad requerida será obligatorio el uso de una mascarilla. Asimismo, el gobierno francés también ha comunicado que van a ser las empresas las que se encarguen de financiar los equipamientos de protección que usen sus empleados como, por ejemplo, las mascarillas.
"Hemos decidido sistematizar la mascarilla en los espacios cerrados colectivos" dado el riesgo de contagio por aerosol (partículas que quedan suspendidas en el aire), explicó este martes a la prensa el secretario de Estado de Salud en el Trabajo, Laurent Pietraszewski, según informa el periódico 20 Minutos.
Eso incluye, entre otros aspectos, las oficinas compartidas -aunque se hayan instalado placas de plexiglás de separación-, las salas de reunión o los pasillos, señaló al término de una vídeoconferencia presidida por la ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, en la que participaron organizaciones sindicales y patronales.
Desde Francia informan de que la modalidad de teletrabajo continuará como "práctica recomendada" con el fin de evitar que se utilice el transporte público de forma masiva. El secretario de Estado, según adelanta 20 Minutos, hizo hincapié en que el uso de mascarilla no eximirá de la obligación de aplicar otras reglas básicas de seguridad sanitaria, en especial el distanciamiento físico, lavarse regularmente las manos, limpiar el mobiliario y el material o airear las áreas de trabajo.
Los ámbitos más proclives a los contagios son los lugares de trabajo
Desde el fin del confinamiento entre el 20 % y el 25 % de los focos de coronavirus identificados en Francia han aparecido en las empresas: de los 268 que siguen abiertos, 60 están en un entorno profesional.
El departamento de Trabajo se mostró claro sobre quién correrá con el costo financiero de las mascarillas que se deban utilizar durante la jornada laboral: "Desde el momento en que son obligatorias, las empresas deben proporcionarlas".
Por ahora no se contemplan ayudas públicas para financiar ese gasto suplementario y se descarta que estas obligaciones provoquen escasez de mascarillas, dado que el mercado -a diferencia de lo que ocurría durante e inmediatamente después del confinamiento- está bien aprovisionado y los precios van a la baja.
El empleado o empleada que no quiera llevar la mascarilla podrá ser sancionada por su empresa
Los inspectores de trabajo serán los encargados de controlar el nuevo protocolo y, siguiendo los procedimientos habituales -sin dispositivos excepcionales-, en caso de incumplimiento serán quienes lleven sus constataciones a los tribunales, según explica el diario 20 Minutos.
Las direcciones de las compañías estarán habilitadas para imponer sanciones disciplinarias a aquellos trabajadores que se nieguen a ponerse la mascarilla.
