jueves. 28.03.2024

La cuarentena obligatoria de catorce días a la que se sometía a los recién llegados al archipiélago de las Azores acabó en los tribunales, literalmente. Una juez de Ponta Delgada, la capital regional, la declaró inconstitucional, por exceder de las competencias regionales y no estar ya en vigor en Portugal el estado de emergencia. La resolución, del sábado, fue fruto de una petición de habeas corpus de uno de los recluidos. Obligó al Gobierno regional a dejar salir a las 350 personas que estaban confinadas y a cambiar el sistema de entrada en las islas.

La pandemia tampoco dejó de alcanzar las Azores, un archipiélago de un cuarto de millón de habitantes, dotado de una gran riqueza termal y de espectaculares paisajes verdes, con lagos que ocupan antiguos cráteres volcánicos, en cuyas orillas pastan las vacas de su muy amplia cabaña lechera. Con 135 casos detectados y 15 muertes, aparece en los datos oficiales portugueses peor que la otra región insular, Madeira, de población similar y en la que no hubo ningún deceso. Sin embargo, los 56 contagiados y 6 muertes por cada 100.000 habitantes de Azores están por bajo de las medias lusas, de 283 infectados y 12 fallecidos. Este archipiélago lleva una semana sin casos nuevos y sólo tiene 25 ­activos.

La pandemia está bajo control pero el presidente del Gobierno autónomo, el socialista Vasco Cordeiro, tuvo que comparecer de urgencia a última hora del sábado. Daba así respuesta a la crisis abierta en esa misma jornada, después de que una juez de Ponta Delgada aceptase la reclamación presentada por el abogado Pedro Gomes, en representación de un cliente que llevaba seis días retenido en un hotel de la ciudad y para el que solicitó el habeas corpus, con el que logró obligar al juzgado a decidir de inmediato sobre su liberación.

La cuestión de la falta de previsiones constitucionales para imponer el confinamiento por razones epidemiológicas, pues sólo se autoriza por motivos psiquiátricos, ya apareció en Portugal a comienzos de febrero cuando arribó al país la veintena de ciudadanos repatriados desde Wuhan. Después de días de polémicas en los medios, en los que se discutía la conveniencia de modificar la Carta Magna, el Gobierno logró que los llegados de China aceptasen voluntariamente recluirse.

Ahora el problema radica en el marco de competencias de la región autónoma y en que desde hace dos semanas ya no está en vigor en Portugal el estado de emergencia declarado el 19 de marzo y que sí permitía restringir derechos fundamentales. Así, el presidente del Colegio de Abogados de Portugal, Luís Menezes, apoyó la decisión de la juez azoriana, según la agencia Lusa.

“Estas cuarentenas son una detención, una privación ilegal de libertad”, declaró a la RTP el letrado Pedro Gomes. Explicó que su cliente trabaja fuera pero reside en las Azores y que estaba confinado en un hotel en condiciones a su juicio poco dignas, pues no podía salir de la habitación, carecía de servicio de lavandería y le impedían ver a sus familiares.

Desde el 8 de mayo los no residentes tenían que abonar el coste de la cuarentena en los hoteles. Tras levantarse el sábado, una parte de los recluidos, como los oriundos de otras islas, decidió no salir. Según el presidente Cordeiro, la situación creada por la decisión judicial “eleva sustancialmente el riesgo” de nuevas cadenas de contagio. Ahora su Gobierno ofrece a los recién arribados las opciones del confinamiento voluntario, tests realizados antes del viaje o en la llegada, esperando por los resultados, así como la marcha si no aceptan ninguna de las alternativas. Según la RTP, de los 800 viajeros que hicieron la cuarentena desde marzo sólo tres dieron positivo.

Los ciudadanos de las islas Azores consiguen que se declare institucional la cuarentena...