El Gobierno interino de Bolivia ha decidido este lunes declarar personas no gratas a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, y a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, junto a un grupo de funcionarios a los que se dio 72 horas para dejar el país tras los incidentes acaecidos hace dos días en La Paz.
El anuncio de la expulsión de diplomáticos y funcionarios españoles y mexicanos lo ha hecho la propia presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
"El Gobierno constitucional que presido ha decidido declarar persona non grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encarga de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguer, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados", ha señalado Áñez.
"Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia", ha sostenido Áñez en una comparecencia en el Palacio de Gobierno de la Paz.
La medida llega después de que Bolivia denunciara el viernes que funcionarios de la Embajada española acudieron acompañados de "encapuchados" a la residencia de Mercado, que acoge a algunos antiguos ministros de la etapa del expresidente Evo Morales procesados por acusaciones como terrorismo.
Durante la lectura de un comunicado en el Palacio de Gobierno de La Paz, Áñez anunció que ha decidido "declarar persona no grata" a la embajadora Mercado además de señalar a los demás diplomáticos españoles y pedirles que dejen Bolivia "en un plazo de 72 horas".
Áñez sostuvo que Bolivia "no es colonia de nadie" y pidió respeto al proceso que derivó en la recuperación de la democracia "después de 14 años de dictadura", en referencia al tiempo en que Evo Morales se mantuvo en el Gobierno.
Tras el anuncio de Áñez, la ministra interina de Exteriores, Karen Longaric, declaró a los medios que la determinación del Gobierno boliviano "no implica la ruptura de las relaciones diplomáticas" ni con México ni España.
Por el contrario, se trata de una exigencia de Bolivia para que esos gobiernos acrediten a nuevos funcionarios que sustituyan a aquellos que "violaron la soberanía e irrespetaron las normas bolivianas", mencionó.
Longaric precisó que no existía "ninguna otra posibilidad sino la de aplicar la Convención de Viena y pedir que se los retire del territorio boliviano", refiriéndose a los diplomáticos señalados.
