CSIF, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en Córdoba y en Andalucía, exige que los técnicos de prevención de riesgos laborales (PRL) que se han contratado adicionalmente para afrontar la crisis sanitaria de la Covid-19 en las unidades provinciales de PRL de la Consejería de Educación y Deportes, continúen en sus puestos el próximo año para continuar dando servicio a los centros educativos, después de que la Administración haya comunicado que a partir del 31 de diciembre se prescindirá de sus servicios.
La secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CSIF Andalucía, Pilar González, ha realizado este planteamiento en el seno del Comité Sectorial de Seguridad y Salud de la Consejería de Educación, que se constituyó el pasado 25 de noviembre tras una “ardua tarea reivindicativa” por parte de la central sindical para que ello fuese una realidad. El sindicato considera que “sin este personal sería inviable garantizar la protección adecuada al conjunto de la comunidad educativa en el marco de la actual pandemia”.
En dicho foro, CSIF ha puesto de manifiesto la necesidad de que dichos profesionales –un total de 35 en Andalucía, de los que 4 se encuentran en Córdoba—continúen formando parte de las plantillas de las unidades provincias de prevención de riesgos laborales, “ya que son más que necesarios, no sólo en la etapa actual para atender en dicho ámbito las necesidades derivadas de la crisis sanitaria, sino porque estas plantillas siempre han estado infradotadas de personal a pesar del trabajo ingente que tienen que asumir”, según explica González.
En concreto, algunas de las funciones que desempeñan los profesionales que integran estas unidades son la evaluación de riesgos laborales en los centros educativos, la valoración de posibles adaptaciones de puestos de trabajo, la determinación de medidas preventivas cuando son necesarias, la investigación de accidentes laborales o la formación en materia de prevención de riesgos laborales a los trabadores y trabajadoras de los centros educativos.
A estas tareas ordinarias que tienen encomendadas el personal de las unidades provinciales de PRL de la Consejería de Educación, se suman ahora multitud de cuestiones relacionadas con la gestión de la pandemia desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales en los colegios e institutos públicos.
“Estas unidades no saben cómo van a poder asumir la atención a los cerca de 500 centros educativos de titularidad pública que hay en Córdoba si pierden personal, porque ya les cuesta hacerlo en la actualidad con los recursos humanos con los que cuentan ahora mismo”, entre los que se encuentran los citados profesionales adicionales, que se añadieron el pasado mes de agosto a estas plantillas, según argumenta la secretaria de Seguridad y Salud Laboral.
CSIF entiende que “la continuidad de estos profesionales, que actualmente son de vital importancia, no debe estar sujeta a que exista disponibilidad presupuestaria para ello, que es lo que ha planteado la Administración educativa en el Comité Sectorial de Seguridad y Salud” y reclama que se garantice que se prorroguen sus servicios, “no sólo para el presente curso escolar, sino con carácter permanente para intentar solventar el problema de falta de recursos que hay en estas unidades”, concluye González.
