Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de Andalucía del nuevo Decreto que regula la escolarización en la comunidad el pasado lunes, la Plataforma Andaluza por la Educación Pública ha decidido convocar una huelga educativa el próximo miércoles 4 de marzo para mostrar el más completo desacuerdo con esta nueva normativa, ya que se trata de un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza.
En opinión de CCOO, el Decreto ahonda en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el Gobierno de Andalucía está llevando a cabo. La profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de “demanda social”, traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la comunidad de Madrid, tal como advierten numerosos estudios realizados al respecto. Es tarea irrenunciable de los poderes públicos garantizan la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad, y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público no garantizan este derecho.
Además, la discriminación positiva que esta nueva norma extiende sobre los centros privados-concertados, al establecer la máxima puntuación por proximidad en un centro de cada tipo, abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas. Una medida que no se entiende teniendo en cuenta que este curso el 97% de las familias obtuvieron el centro marcado en primera opción.
Por otro lado, CCOO no puede compartir el hecho de que, en un contexto de descenso de la natalidad, en lugar de apostar por una bajada de la ratio –la más alta de España- y por mejorar la atención y los recursos, la Administración priorice la aprobación de un decreto encaminado a desfavorecer la enseñanza pública.
Asimismo, CCOO niega rotundamente que la aprobación de este decreto sea fruto del consenso con la comunidad educativa, tal y como aseguró el Consejero de Educación, Javier Imbroda, ya que tanto en el Consejo Escolar de Andalucía como en los espacios de negociación con las organizaciones sindicales se ha mostrado el rechazo a las medidas más agresivas para la educación pública que introduce este decreto.
El Consejo Escolar de Andalucía, órgano de participación en el que está representada toda la comunidad educativa, aprobó el 24 de octubre de 2019 y por mayoría, el dictamen al Proyecto de este Decreto en el que se incluía una enmienda de CCOO y de otras organizaciones, que plantea la supresión del artículo 9.4 del Decreto que establece que en todas las zonas educativas se incluya un centro concertado de otra zona del mismo municipio si no existe ningún centro de titularidad privada en esa zona. (Enmienda de CCOO número 12 y observación de dictamen número 24). Por su parte, la Consejería de Educación ha obviado este dictamen de la comunidad educativa.
Por todo ello, desde la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública de la que forma parte CCOO, se considera que este Decreto daña la escuela pública, rompe el equilibrio del sistema educativo andaluz y es el paso primero de este gobierno para su objetivo final, que no es otro que el de suprimir las zonas educativas, un modelo que viene a segregar al alumnado en aquellas comunidades autónomas en que ya se aplica, mercantilizando la educación.
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