viernes. 29.03.2024
La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado las ventajas del nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo iniciado en marzo, y que llegará a unos 23.000 andaluces, y ha recordado que este nuevo sistema ha permitido abandonar una década de parálisis en esta materia para pasar a "construir un modelo único que será referente para otras comunidades autónomas".
 
Durante una comparecencia en el Parlamento a petición propia para explicar la puesta en marcha del nuevo modelo de FP para el Empleo, Blanco ha repasado la situación de partida con la que se encontró el actual equipo de la Consejería tras diez años de "parálisis", y con un sistema de concesión e subvenciones que "carecía de las necesarias condiciones para garantizar una oferta formativa permanente y de calidad, adaptada a las cambiantes necesidades del mercado de trabajo, a lo que hay que unir las dificultades para garantizar la eficacia y eficiencia del gasto público".
 
En este sentido, ha recordado cómo "muchas convocatorias de subvenciones tenían que esperar hasta cerca de cuatro años para ver finalizadas las acciones formativas que incluían", lo que conllevaba "tanto problemas en la justificación administrativa del gasto como serias dificultades para responder a las demandas de nuevas calificaciones".
 
A estos problemas se unieron "retrasos importantes" de gestión que hubo que afrontar, ha detallado la consejera, como 30.000 solicitudes de becas pendientes de resolver, algunas desde 2011, de las que ya se han resuelto 25.000; o una "parálisis" en la justificación de expedientes de acciones formativas por un valor superior a los 380 millones de euros.
 
Gracias a un plan de choque iniciado con la contratación de 157 interinos, y a otro posterior plan de refuerzo con la incorporación de otros 181, se han resuelto más del 95% de los expedientes, ha explicado Rocío Blanco, quedando solo ya 22 expedientes de servicios centrales y 7 en las delegaciones territoriales.
 
Nuevo modelo
 
Entre las ventajas que aporta el nuevo sistema por licitación de los cursos, acogido al régimen de contratación pública, la consejera ha subrayado la seguridad jurídica de este modelo, además de una mejora en la competencia a la hora de acceder a los cursos por las entidades, lo que redunda en una mejora de la calidad, aspecto que se ha primado en la resolución e las ofertas. Asimismo, se han incorporado a las licitaciones servicios de apoyo al alumnado, como tutorías, orientación, acompañamiento, visitas a centros de trabajo, ferias o exposiciones vinculados al sector de la acción formativa.
 
Y junto a estas ventajas en el trámite, se han introducido sistemas de evaluación permanente y se ha instaurado una metodología para detectar las necesidades formativas que integra a todos los agentes económicos y sociales del sistema, con una estructura territorializada constituida por un Equipo de trabajo de coordinación de necesidades formativas en los servicios centrales de la Consejería, con sus equipos respectivos en cada provincia, y un Grupo de Consultoría Territorial que presta apoyo transversal.
 
Sistemas de control
 
Rocío Blanco ha añadido que se están poniendo en marcha nuevas herramientas de gestión, como un servicio de control de presencia en las acciones formativas para la acreditación de la identidad del alumno y profesor por firma biométrica y con plena protección de los datos. El objetivo de esta plataforma y su correspondiente APP será contar con un sistema que, mediante la identificación fehaciente de profesores y alumnos, permita la mejora en la eficiencia del control de asistencia.
 
Según ha detallado la consejera actualmente se están cerrando los pliegos de condiciones para licitar por urgencia esta nueva herramienta, que considera que "será un gran paso para evitar el fraude en la Formación Profesional para el Empleo, ya que la plataforma tecnológica prevemos que permitirá la gestión de un número estimado de 30.000 alumnos y profesores al año, y unos seis millones de controles de presencia anuales".
 
Nueva oferta formativa
 
Con respecto a los cursos que se han puesto en marcha, Rocío Blanco ha desgranado los 41 millones de euros que se están licitando este año, que suponen llegar a más de 23.000 andaluces con más de 1.500 acciones formativas. En concreto, se están licitando 8 contratos (uno para cada provincia) para acciones formativas destinadas a desempleados con una inversión de 26,4 millones de euros; un programa para el sector de la hostelería y el turismo de 4,3 millones; un programa para el sector de la construcción de 7,1 millones; una licitación destinada a personas ocupadas en el sector de las tecnologías, denominada Andaluces Digitales y con un presupuesto de 3,1 millones.
 
Asimismo, está previsto que culmine la licitación en los próximos meses de un programa destinado a menores de 30 años (7,3 millones y 2.500 beneficiarios); un programa de apoyo al sector aeroespacial (1,91 millones y 2.860 beneficiarios) y el programa Andalucía is IN Training (5,9 millones) bajo la modalidad de teleformación, destinado a desempleados interesados en obtener los certificados C1, B2 y B1 de inglés.
 
Por último, la consejera ha anunciado que se están diseñando nuevos programas formativos que contarán con un presupuesto de 31 millones de euros, y que afrontarán necesidades puntuales del sector productivo andaluz, como un proyecto de adaptación profesional al entorno 5G (4 millones y 3.000 beneficiarios), destinado sobre todo a estudiantes de Formación Profesional de cara a su adapten sus conocimientos a esta tecnología, o un programa sobre Transformación Digital destinado a desempleados que necesiten adaptar sus perfiles profesionales a las nuevas necesidades que está imponiendo el proceso de transformación digital y la nueva economía.
 
A estas dos iniciativas quiere sumarse también un programas formativo destinado al sector agrario; a futuros trabajadores autónomos para que mejoren su capacitación para emprender con mayores garantías de éxito (programa Emprende Formación); al sector de la Economía Verde; al colectivo de mayores de 45 años en sectores que tras el COVID tienen un índice de alta empleabilidad; o un plan específico de FP para el Empleo destinado a personas con discapacidad que parta del análisis y el diálogo con el sector asociativo del colectivo

Un nuevo modelo de FP beneficiará a más de 23.000 andaluces