Expertos proponen a la Administración un cambio en el modelo de vivienda para personas con discapacidad intelectual: pasar de un modelo asistencial a otro comunitario, en el que los usuarios reciban la ayuda necesaria pare mejorar su calidad de vida
Así se recoge en un estudio realizado por el Real Patronato sobre Discapacidad, dirigido por el docente de la Universidad de Cantabria David Cantarero, sobre el impacto económico y social asociado a un modelo de vivienda inclusiva desde la perspectiva de los usuarios con discapacidad intelectual.
El estudio remarca la necesidad de "dejar atrás una atención residencial", tradicionalmente "más preocupada por la seguridad, la alimentación y los cuidados más básicos de la persona", para pasar a ofrecer apoyos que "aumenten el nivel de desarrollo personal, autodeterminación e inclusión social".
Para los expertos del informe, uno de los factores más relevantes para explicar variaciones en la calidad de vida de todas las personas es el entorno en el que residen. Así, señalan que el hecho de vivir en comunidad fomenta la independencia, la vida activa y la inclusión social de todas las personas y, en especial de las personas con discapacidad intelectual.
Además, pone de manifiesto la necesidad de apoyo económico para continuar el fomento de este tipo de iniciativas a través de inversión pública para seguir el camino de inclusión social que ha comenzado a desarrollarse.
UNA INVERSIÓN
En este sentido, apuntan que las viviendas inclusivas integradas en la comunidad no deben considerarse meramente un gasto, sino que se han de ver como una inversión que puede ser rentable y beneficiosa, no solo para los usuarios y sus familiares, sino también para toda la sociedad.
"Por cada euro que se invierte en el modelo de vivienda inclusiva para usuarios con discapacidad intelectual, se consigue devolver a la sociedad, en términos de valor social y económico, un total de 3,21", apunta el trabajo.
Además, los expertos indican que, es posible afirmar que los usuarios con discapacidad son los beneficiarios de ayudas que obtienen un mayor retorno, en concreto, 2,44 euros por cada euro invertido, por delante del grupo correspondiente a los familiares y/o cuidadores informales (0,75 euros).
Del mismo modo, el estudio determina que la mayoría de personas de este colectivo desean vivir en modelos de vivienda inclusivos que redundan tanto en mayores beneficios para ellos como para la sociedad en términos de rentabilidad.
