El Comité de Empresa de la Delegación Territorial de Educación en Córdoba ha emitido una nota de prensa para manifestarse en contra del proyecto de Decreto por el que se establece el servicio complementario de apoyo y asistencia para alumnado con necesidades educativas especiales por parte del profesional técnico de integración social y de interpretación de lenguaje de signos.
Además, consideran nefasta la gestión de las sustituciones del personal que, por distintas razones (covid, enfermedad, accidente laboral…) causa baja en su puesto de trabajo. Los centros educativos de la provincia tienen bajas sin sustituir desde el mes de octubre.
Por otro lado, también se manifiestán por la cobertura de todas las vacantes que desde hace meses no se están cubriendo. “Son vacantes que quedan tras las jubilaciones o tras procesos selectivos o por salud laboral, y que al NO cubrirse ocasiona sobrecarga sobre las plantillas ya diezmadas que quedan en los centros”, afirman desde el Comité.
Rechazan el proyecto de Decreto porque consideran que “ni la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, ni la interpretación de lengua de signos son servicios complementarios, sino que son son servicios educativos públicos”. Además, denuncia que el decreto no puede sustituir a la Ley, la cual ya recoge cuáles son los servicios complementarios (comedor, aula matinal, actividades extraescolares…)
El objetivo de este Decreto es que la Agencia Pública Andaluza de Educación pueda contratar al personal que va a atender al alumnado con NEE. Cuando es la LEA que establece que son los PTIS e ILSE, personal de atención educativa, que están atendiendo al alumnado dentro del aula. Este es un SERVICIO FUNDAMENTAL para la educación de estas chicas y chicos que debe prestarse por el personal estructural de cada centro, como dicta la LEA y NO por empresas privadas.
Afirman que este Decreto pretende, de la mano del gobierno andaluz, “seguir afianzando la privatización en la educación pública, con lo que se va a perjudicar tanto al alumnado como a las familias, además de precarizar a las y los profesionales de la enseñanza que la realizan”.
En la provincia de Córdoba son 195 personas las que realizan funciones de PTIS, de ellas 129 lo hacen contratadas por empresas privadas, y 66 PTIS de la Junta de Andalucía, las 19 ILSE son de empresas privadas, Al ser este personal altamente feminizado (un 90%) se agrava la situación de precariedad y temporalidad de las mujeres trabajadoras andaluzas.El comité considera que con este Decreto el gobierno andaluz agranda la brecha de género y empobrece a las mujeres andaluzas.
Desde el Comité de Empresa exigen que la atención educativa al alumnado con NEE se preste por empleadas y empleados públicos. Y reclaman la reversión al empleo público de los puestos externalizados, en condiciones de calidad y a jornada y años completos, y cuyo acceso a los mismos debe regirse por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
