El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba muestra su preocupación y malestar por los efectos que el Decreto de escolarización de la Junta, para el próximo curso, está dejando en la red educativa pública cordobesa. Así se ha puesto de manifiesto en la reunión que han mantenido hoy delegados y delegadas sindicales para analizar el citado decreto.
Entre dichos efectos, el sindicato destaca el ataque continuo que vienen sufriendo los colegios públicos rurales de la provincia. El curso pasado el ataque significó el cierre de varias unidades y este año la Junta ha ido un paso más allá con el cierre total del colegio rural Quercus Azuel de Venta del Charco (Cardeña).
“Entendemos que el mantenimiento de este tipo de centros no solo presenta ventajas educativas. Su existencia además fija la población al territorio. La pérdida de un colegio, por tanto, es también un ataque directo a sus poblaciones condenándolas por la falta de futuro y empujando a sus habitantes a la migración”, señala el responsable de Educación Pública de CCOO de Córdoba, Francisco Cobos, quien critica las declaraciones de la Junta afirmando que “la reubicación del alumnado a otro colegio que cuente con especialistas de cada área y con una mayor dotación de recursos mejorará de forma significativa la calidad en la educación que se le ofrece al alumnado, así como la sociabilización del mismo”.
Para CCOO, esta afirmación debe entenderse como un menosprecio a la enseñanza ofertada por los colegios rurales y a los y las docentes que con su trabajo frenan el avance de la llamada “España vaciada”.
Otro de los efectos del Decreto de escolarización es el cierre de líneas en centros públicos. Una de las primeras observaciones que se pueden hacer es que ignora el carácter subsidiario de la red educativa concertada con respecto a la pública. De hecho, las convierte en redes complementarias (si no ya antagónicas).
“El modelo que propone este Decreto, en la práctica, condena a los centros públicos a ser los únicos en sufrir las fluctuaciones de matriculación. Ya que los conciertos educativos están blindados durante 4 años, mientras que los centros públicos renuevan año a año la existencia de sus unidades. Por tanto, el argumento de la bajada de la natalidad esconde una intencionalidad política clara de beneficio de la red concertada”, remarca Cobos.
Y es así como deben entenderse afirmaciones como la realizada por el consejero de Educación, Javier Imbroda, durante la inauguración del CEIP Turruñuelos en Córdoba el pasado día 22: “Cada curso se cierran unidades por el descenso notable de la natalidad”. “Lo que omite intencionadamente el señor Imbroda es que ese cierre solo afecta a los centros públicos”, puntualiza Cobos.
Estos cierres son tantos que cuesta enumerar todos los centros con cierres de líneas tanto el año pasado como este (los dos años que lleva vigente este decreto). Podemos destacar este año el cierre del CEIP Lucano, que ha sucumbido a la presión del concierto blindado del colegio Cervantes. Ya el año pasado cerró el CEIP Moreno de Pedrajas, de Villanueva de Córdoba. Además, hay cierre de líneas (tanto el año pasado, como este) en centros como el CEIP Algafequi, CEIP Caballeros de Santiago, CEIP Hernán Ruiz, CEIP Concepción Arenal, CEIP Alcalde Jiménez Ruiz y en IES como Gran Capitán o Luis de Góngora, por citar solo unos ejemplos de la ciudad de Córdoba. Y por citar pueblos, están los casos de Nueva Carteya o Espejo.
Pero además del cierre de líneas, y hasta de centros, destaca la actitud de la Junta cuando se trata de “amenazar”. El último caso es el del CEIP Colón. La misma administración que comunica al centro el cierre de una línea de infantil, anuncia unos días después que se trataba solo de “una propuesta pendiente de revisión”.
“No queremos ser mal pensados, pero son varios los casos en los que la Delegación de Educación rectifica su decisión después de que esta se hiciera pública y levantara protestas de toda la comunidad educativa, lo que nos hace pensar que la delegada de Educación en Córdoba, Inmaculada Troncoso, lanza globos sonda para ver hasta dónde puede llegar y luego poder decir ‘la cosa no ha sido tan mala’, pero sí lo es”, insiste Francisco Cobos.
Por último, “debemos acabar con la falacia de la ‘libertad de elección’. Este concepto es usado por algunas patronales de centros concertados para la imposición de un ideario. Imposición de un ideario financiado con dinero público. Desde el Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO Córdoba apostamos de manera firme y decidida por un modelo de gestión pública de los centros financiados con dinero público de la enseñanza y no toleraremos ni un recorte más en la enseñanza pública”, advierte el responsable sindical.
