El sector agrario español se enfrenta a una situación crítica, donde los elevados costes salariales y la falta de mano de obra se suman a los problemas estructurales que ya padece. Según datos del INE, entre 2010 y 2020 se perdieron 75.000 explotaciones agrarias, cifra que se incrementa con al menos 5.000 cierres más en los últimos cuatro años. A esta caída en el número de explotaciones, se suma la pérdida de 90.000 puestos de trabajo en el campo en los últimos años, lo que pone en evidencia la falta de personal para hacer frente a las campañas de recolección y las tareas cotidianas del sector.
El salario mínimo interprofesional (SMI) ha experimentado un aumento del 80% desde 2016, pasando de 655 euros a los actuales 1.134 euros. Esta subida, que podría llegar a los 1.184 euros con el incremento propuesto de 50 euros, está teniendo un impacto negativo sobre el coste mensual de las empresas, que verían un incremento adicional de unos 80 euros por trabajador. Este aumento, según las estimaciones de ASAJA, tendría un coste mensual de 1.903 euros por trabajador, lo que representa un desafío insostenible para las explotaciones agrícolas.
El aumento del SMI, sin ningún tipo de compensación o bonificación para aliviar las cargas sociales de los empresarios, podría agravar aún más la situación de un sector que ya se encuentra en números rojos. El impacto de la subida sobre la productividad y la competitividad de las explotaciones agrarias podría ser devastador, según advierten desde ASAJA, que han solicitado reiteradamente compensaciones que mitiguen los efectos de estas subidas salariales.
Además, la reforma laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo ha perjudicado gravemente al campo, ya que ha incrementado los costes laborales y salariales. Las futuras negociaciones sobre la reducción de la jornada laboral podrían tener efectos aún más negativos, según las previsiones del sector.
En este contexto, ASAJA ha dejado claro que no se oponen a las mejoras salariales para los trabajadores, pero subrayan que estas deben ir acompañadas de medidas que compensen a los empresarios agrarios, de modo que el impacto de los costes adicionales no afecte a la competitividad del sector. Sin compensaciones adecuadas, el sector agrario no puede afrontar nuevas subidas salariales sin que se produzcan efectos destructivos para su sostenibilidad.