La ministra ha destacado que desde el mismo momento del estallido de la pandemia el Gobierno priorizó, además de la protección del tejido productivo y laboral y la preservación de rentas, también el blindaje del Estado de Bienestar, lo que requería garantizar la suficiencia de recursos en las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, entre cuyas competencias destacan la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Montero también ha insistido en que el Gobierno no acudió al manual de gestión de la anterior crisis de 2008, que se tradujo en una mayor precariedad laboral, en el incremento de la pobreza, la desigualdad, la ralentización de la convergencia entre regiones y con Europa y el debilitamiento del Estado del Bienestar.
En esta ocasión, ha asegurado, ha habido unanimidad entre los organismos internacionales y nacionales en que la austeridad no podía ser el camino escogido, lo que ha sido un reconocimiento implícito de que las recetas neoliberales dictadas en 2008 fueron un fracaso en su pretensión de garantizar el crecimiento, cerrar las brechas de desigualdad y preparar a los países para los retos del futuro. De ahí que organismos como el FMI, los bancos centrales o la OCDE continúen insistiendo en la necesidad de seguir impulsando políticas fiscales expansivas que acompañen a la economía el tiempo necesario.
Recursos récord para las autonomías en 2021
María Jesús Montero, en su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, ha anticipado que los recursos del sistema de financiación, las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y los fondos europeos permitirán que las comunidades cuenten con más de 162.000 millones de euros. Supone la mayor cifra jamás registrada y refleja que el Ministerio de Hacienda está blindando el Estado de bienestar protegiendo los recursos de las Comunidades Autónomas.
En concreto, según ha desgranado la ministra, las autonomías dispondrán de 113.729 millones de euros procedentes del sistema de financiación, entre las entregas a cuenta y la liquidación del ejercicio 2019. Se trata de una cuantía ligeramente inferior (1.900 millones) a la de 2020, que será compensada porque el Gobierno central se ha comprometido a financiar parte del déficit público autonómico de este año.
En concreto, los Presupuestos Generales del Estado para 2021 contemplan una dotación adicional de 13.486 millones para las Comunidades Autónomas, una transferencia que recibirán y que no deberán devolver y que les permitirá reforzar sus políticas sociales y su modelo sanitario y educativo.
A estas cifras hay que sumar los 7.000 millones de euros previstos para ayudas directas a empresas y autónomos que el Gobierno de España transferirá a los de las Comunidades en un plazo de diez días a partir de la firma de los convenios entre ambas partes. Hasta el momento, han rubricado los convenios las Comunidades de Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Serán las autonomías las que gestionarán este plan. Esta misma semana el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para que cada territorio pueda incrementar el listado de sectores elegibles para las ayudas en función de las particularidades que la crisis económica haya tenido en cada región.
La ministra también se ha referido a los 9.760 millones de euros que recibirán los gobiernos autonómicos para financiar políticas de gasto destinadas al fomento del empleo, servicios sociales, educación o acceso a la vivienda. Es una partida que crece un 42%.
Protagonismo autonómico en la gestión de los fondos
María Jesús Montero ha destacado el protagonismo de las Comunidades Autónomas, además de las Entidades Locales, en la gestión de los fondos europeos y en el despliegue del Plan de Recuperación asociado a éstos. Ello, con objeto de que la recuperación se asiente en todas las regiones y coja impulso la igualdad y la cohesión social y territorial del país. De lo que se trata con el Plan de Recuperación, ha añadido, es de que la crisis no se convierta en un obstáculo añadido para la cohesión territorial.
De ahí que se haya puesto en marcha una línea de financiación a cargo del fondo REACT-UE dotada con 8.000 millones de euros este año. Esta cantidad les servirá a las Comunidades para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, apoyar la recuperación de los sectores afectados y reforzar el sistema sanitario.
Por último, si en los Presupuestos Generales del Estado se incluyen 26.634 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación Europeo, a las Comunidades Autónomas, de esta cifra, les corresponden 10.793 millones de euros. En conjunto con las Entidades Locales, a las que irán destinados 1.489 millones de los fondos europeos, gestionarán el 58% del total de los recursos comunitarios previstos para este año 2021.
Estos últimos son unos recursos que ya se están comenzando a concretar en iniciativas y conferencias sectoriales, con, por ejemplo, 576 millones destinados a financiar proyectos de saneamiento y depuración en municipios de menos de 5.000 habitantes; 400 millones para el Plan MOVES III, que consiste en ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos o híbridos, así como sus infraestructuras de recarga; 20 millones para el Plan Te Protege, para víctimas de violencia de género; 730 millones para la economía de los cuidados y políticas de igualdad; o 361 millones para la recualificación del sistema universitario español, enumeró Montero.
En total, ya se han asignado 2.112 millones a las Comunidades Autónomas a través de las conferencias sectoriales, que son los órganos de cooperación en el marco de la gestión de los fondos europeos.
España, el país que más apoyo ha prestado al subsector regional
El Ejecutivo continuará prestando en 2021 el máximo apoyo a las Comunidades después del esfuerzo efectuado en 2020 cuando, en palabras de Montero, el Gobierno tomó la decisión política de volcarse para que las entidades territoriales no tuvieran dificultades añadidas a la hora de gestionar los servicios públicos que definen el Estado de Bienestar. "España ha sido el país que mayor grado de protección ha ofrecido al subsector regional" dentro de los Estados con estructuras descentralizadas o federales, ha afirmado Montero. "Fue una decisión por convicción", ha asegurado, "y un año después podemos decir que acertamos".
La ministra ha desgranado las medidas adoptadas en 2020 para las Autonomías: el fondo Covid de 16.000 millones incondicionados, a fondo perdido, adicionales al sistema de financiación y no computables a efectos de regla de gasto. A ello hay que sumar otros fondos específicos: 325 millones del fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales; 300 millones del programa de prestaciones sanitarias y de farmacia; 446 millones para el Plan Vivienda; 100 millones para luchar contra la violencia de género; y 25 millones para garantizar la alimentación de los menores vulnerables.
La ministra ha contrastado esta respuesta de apoyo a las Comunidades con fondos no reembolsables, con la que se dio en la crisis anterior, cuando el Gobierno de España ofreció créditos, a cambio de un interés y de una condicionalidad que, en la práctica, limitó la autonomía competencial. Por el contrario, en la pandemia, este Ejecutivo actual ha optado, ha afirmado Montero, por preservar el Estado del bienestar, la capacidad competencial y la suficiencia económica de las Comunidades Autónomas.
Además, en 2020, las Autonomías contaron con recursos por 115.662 millones de euros sumando el sistema de financiación y las entregas a cuenta calculadas como si no hubiera pandemia. Fue una decisión, ha explicado Montero, que podría no haberse tomado: unos meses antes se habían desvinculado las entregas a cuenta de la aprobación de la Ley de Presupuestos y España estaba en un momento de prórroga de las cuentas públicas. "Lo normal, lo lógico, hubiera sido ajustar las entregas a cuenta a la caída prevista de los ingresos, pero eso hubiera supuesto un gran impacto en las cuentas de las CCAA en el momento de mayor tensión y necesidad del Estado del Bienestar", ha asegurado Montero.
Gracias a los recursos adicionales del Estado, las Comunidades Autónomas lograron mejorar su saldo fiscal en mitad de la peor pandemia en más de un siglo y la mayor recesión económica desde la Guerra Civil. En concreto, su déficit se redujo un 67,5% y se situó en el 0,21% del PIB.
Sin los recursos adicionales del Gobierno, los ingresos de las Comunidades habrían caído un 4,6% en lugar de crecer casi un 10%.
Más recursos para los Ayuntamientos
La ministra de Hacienda también ha dado detalles sobre los recursos con que contarán las Entidades Locales en 2021. En primer lugar, de los fondos europeos consignados en los Presupuestos, los Ayuntamientos serán responsables de la gestión de 1.489 millones de euros. Además, los PGE contemplan la transferencia de 1.000 millones para el Fondo de Financiación a Entidades Locales. Asimismo, con la actualización de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado, ingresarán 19.452 millones, un 3% más que en 2020.
También ha resaltado Montero otras medidas adoptadas para los municipios: ayudas extraordinarias para compensar la caída de los ingresos del transporte público; préstamos para cancelar deudas pendientes con la Agencia Tributaria Estatal y con la Tesorería General de la Seguridad Social por 400 millones; así como la conversión de deuda a corto en operaciones a largo plazo; o la refinanciación de préstamos formalizados con el Fondo de Financiación de los Pagos a Proveedores.
Además, hay que contar con otras subvenciones y compensaciones: 21,5 millones para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla; 7,3 para el Campo de Gibraltar; 2 millones para los afectados por las bases militares; y 20 millones para el pacto contra la violencia de género.
Estas medidas se suman a las adoptadas en 2020, cuando se aprobó un Real Decreto-ley para que las corporaciones locales pudieran destinar 300 millones de su superávit a financiar gastos de inversión; además de otra norma para que pudieran dedicar hasta el 7% de su superávit a financiar inversiones en vehículos eléctricos para la prestación de servicios públicos para el tratamiento de residuos, seguridad y orden público o prevención y extinción de incendios. Obtuvieron, asimismo, 18.736 millones del sistema de financiación, un 3% más. E, igual que para las Comunidades, rige la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y en 2021, lo que permite a las Entidades Locales usar sus remanentes de tesorería.
Con ello, ha afirmado Montero, quedan claros el compromiso y la sensibilidad del Gobierno hacia el municipalismo, por todo lo que representa de cercanía y proximidad a los problemas de los ciudadanos.
Consenso, generosidad, altura de miras y atención a los jóvenes
La ministra ha apelado al consenso, la generosidad y la altura de miras a los grupos parlamentarios para desarrollar el Plan de Recuperación, que ha definido como un "plan de país", "no de este Gobierno ni de las formaciones políticas que lo integran y lo apoyan".
También ha mostrado la disposición del Gobierno a que se gestione de forma colaborativa, participativa y leal, para lo cual considera imprescindible que se deje atrás "la política de la intransigencia, de los vetos o de los agravios". En todo caso, Montero ha destacado cómo la cogobernanza, que "ha venido para quedarse", ha reescrito la dinámica de trabajo y de relación entre administraciones y será la base para afrontar el reto de gestionar y ejecutar los proyectos financiados por Europa.
Todo ello tiene que servir para construir un nuevo contrato social para superar las cicatrices de la crisis, especialmente las que afectan a los jóvenes: "No habrá prosperidad si la recuperación no consigue ofrecer oportunidades de desarrollo y vida digna a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes", ha aseverado.
