jueves. 30.06.2022

Empleados públicos cordobeses se movilizan el miércoles contra la pérdida de poder adquisitivo

CSIF se concentrará en las Subdelegación del Gobierno para denunciar que el personal público, que suma casi 50.000 asalariados en la provincia, acumula recortes del 15% desde 2010
Empleado teletrabajando. (foto de archivo)
Empleado teletrabajando. (foto de archivo)

CSIF dará comienzo el próximo miércoles, 25 de mayo, a un calendario de movilizaciones con las que quiere denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados y empleadas públicas, que en la provincia suman cerca de 50.000 personas, y la falta de negociación sobre sus salarios. En concreto, el miércoles se desarrollará una concentración convocadas por el sindicato en la Subdelegación del Gobierno.

La presidenta de CSIF Córdoba, María Dolores Navajas, explica que “se trata de movilizaciones que se realizarán en el conjunto de España y que tendrán continuidad en el tiempo en defensa de nuestros empleados y empleadas públicas, que arrastran una pérdida de poder adquisitivo de un 15% desde 2010, cuando el Gobierno central les rebajó el sueldo, por lo que urge negociar una subida salarial”.

Asimismo, la dirigente sindical subraya que “el personal del sector público lleva contribuyendo al Pacto de Rentas más de diez años”, por lo que considera que “necesita salarios acordes al trabajo que desarrolla y no puede seguir sufriendo más recortes”, ante lo que urge al Ministerio de Hacienda y Función Pública a sentarse a negociar.

Junto a la pérdida de poder adquisitivo, Navajas alerta sobre la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas cercana al 30%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Asimismo, recuerda que hay ámbitos como el SEPE o la Seguridad Social que se encuentran en una situación muy compleja, como puso de manifiesto la pandemia, y que necesitan un refuerzo extraordinario de personal. En concreto, el déficit de personal de la Seguridad Social en Córdoba asciende a unas 50 personas 

Respecto al Plan de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) anunciado por el Gobierno, CSIF considera que “se trata de un parche, que llega con retraso y que aún no se ha desarrollado una normativa específica sobre teletrabajo en la AGE, mientras que el sector privado ya cuenta con una regulación clara”. En este sentido, critica igualmente que la modalidad laboral no presencial no haya sido una prioridad tampoco para la Junta de Andalucía, donde aún no se ha desarrollado una normativa específica al respecto.

En concreto, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública (actualizados a julio de 2021), en Córdoba hay un total de 47.327 trabajadoras y trabajadores al servicio de las distintas administraciones públicas. De ellos, casi el 60% aproximadamente (28.117) pertenecen a la Administración autonómica; el 23,7% (11.237) a las administraciones locales; y el 16,8% (7.973) al sector público del Estado.

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