El sector de la ayuda a domicilio lleva instaurado en la sociedad desde hace muchos años, cuando solo era voluntad de algunos ayuntamientos con implicación. En 2007 a raíz de la implantación de la ley de la dependencia en nuestra comunidad, el servicio adquiere la importancia y un gran volumen, ya que amplió su prestación no solo a las personas mayores que vivían solas con alguna limitación, sino que incluyó, a personas con algún tipo de discapacidad y personas con enfermedades mentales de algún tipo. Todo ello con la voluntad por parte del Estado de crearlo como el cuarto Pilar del bienestar, dotándolo de presupuestos específicos que permitieran ese servicio dentro de los de la gestión autonómica. Desde entonces hasta hoy poco ha cambiado en este servicio tanto en cómo se aplica la gestión como en la dotación económica. Las/os auxiliare de ayuda a domicilio son personas que trabajan mano a mano para dotar a este servicio de la profesionalidad y la empatía necesaria para prestarlo como un servicio cercano, sin embargo, ningún organismo público ha visibilizado esa figura profesional.
Debido a que las empresas que gestionaban el servicio venían muchas derivadas de pequeñas cooperativas de pueblos o ciudades y, por tanto, no podían hacer frente al volumen de dinero que suponía esto, ya que la Junta pagaba a 6 y 8 meses e incluso un año después, lo que hacia que no tuvieran fluidez económica hace más de cuatro años, para que esas empresas no tuvieran tantas pérdidas, se acordó en una paritaria que mientras el PIB no subiera por encima del 2% no se aplicaría al salario la subida del IPC al personal que trabaja en estos. Esto supuso un retroceso de un sector que ya venía siendo muy precario e invisible y que además mayoritariamente, aunque ya cada vez menos, es feminizado, por tanto, no terminaba de convertirse en una profesión digna, que permitiera a las trabajadoras y trabajadores llevar una vida y un salario justo.
Con esta situación llega la pandemia en donde muchas profesiones que estaban realmente precarizada se manifestaron como profesiones esenciales, entre ellas la ayuda a domicilio, que siguió prestando el servicio de una manera profesional, cualificada, con dedicación y sorteando cualquiera de los escollos que nos pudimos encontrar, porque ninguna administración ni empresa se responsabilizo, íbamos con medios limitadísimos que en principio nos teníamos que gestionar nosotras mismas. De hecho, ha sido tan esencial, que nos han considerarnos con las bajas de COVID para muchas de las prestaciones, como servicio esencial sociosanitarios que somos.
¡!Pues bien!! Ahora, este año el PIB sube un 5,4 y por tanto según nuestro convenio nos corresponde una subida del IPC REAL año 2021 un 6,5%.
Pues ahora después de todo este tiempo con el sueldo congelado, después de todo este tiempo de pandemia siendo personal esencial, después de todo este tiempo en que además se nos exigió una cualificación profesional con todo el derecho y con toda la obligación y nosotros asumimos porque entendíamos que queríamos ser personal profesional cualificado y en el cual todas las personas trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio hemos estado al 100% para todas las exigencias que se nos han dado, la patronal dice que por ahí no pasa, que ellos al 6,5% no, que quieren negociar por debajo, cuando está en convenio y están obligados a cumplirlo y siempre se ha aplicado, o les tengo que recordar que cuando no ha llegado el PIB 2%, si se aplicaba convenio? Exactamente cuando a ella le interesó, cuando no subía el sueldo o cuando nos quitaban más de una cosa, ahí si se aplicaba convenio, y ahora que es beneficioso para el personal que trabajamos no quieren aplicar convenio.
Este sector desde CTA no confía en que los sindicatos mayoritarios sean capaces de hacerlo exigir, porque son los que negocian el convenio en Madrid, por tanto, aquí en Córdoba, desde CTA el sector viene a denunciar la falta de implicación, de responsabilidad y de compromiso que tiene la patronal y por supuesto, exigirle a los organismos públicos, que tomen partido y obliguen a cumplir el 100% del convenio que apliquen la subida y por supuesto, supervise a cualquier empresa que entre para que sea exigible el hecho de que todo esté dentro de la legalidad.
Nosotras y nosotros, las trabajadoras y los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio no vamos a permitir que sigan ignorando, que somos un servicio esencial y profesional, que estamos todos los días trabajando con personas vulnerable, con la ciudadanía, que con dinero público se está gestionando privadamente, llevándose un beneficio las empresas, a costa de que nosotras seamos personas precarizadas y de que los usuarios tengan un servicio de ínfima calidad. Todo lo que sea un servicio público se tiene que prestar directamente desde las entidades públicas, hay muchas maneras de gestionarlo sin necesidad de que los organismos públicos tengan que estar siempre subastando y vendiendo este servicio, porque subastan y venden a los ciudadanos y ciudadanas y a las personas trabajadoras.
