El secretario General del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Enrique Guerra, y el secretario de la Sección Sindical de CCOO en la UCO, Juan Francisco Pedrazas, han mantenido un encuentro con el parlamentario andaluz Antonio Ruiz, portavoz del PSOE en Universidad, Investigación e Innovación, y la secretaria de Educación y Universidad del PSOE de Córdoba, Inmaculada Castaño, en el que han abordado, principalmente, el futuro de las universidades públicas andaluzas.
En este sentido, los responsables sindicales trasladaron a los representantes del PSOE el temor por el futuro de las universidades públicas andaluzas ante el empuje de las privadas por la falta de financiación y la mayor carga burocrática, cuestiones que les impiden jugar con las mismas reglas en la modernización de una educación universitaria pública que de soluciones rápidas a las necesidades de mercado.
Por otra parte, los representantes de CCOO-Enseñanza hablaron de la no-nata Ley Andaluza para las Universidades (LUPA), que acumula un retraso de 12 meses y que, a su vez, está paralizando otra ley necesaria como es la Ley de la Ciencia en Andalucía.
Sobre esta cuestión, los responsables de CCOO pusieron de manifiesto que la LUPA nace con un déficit de visión en el cumplimiento de los plazos que fijaba la LOSU. Una de las líneas rojas para el sindicato es la inclusión en su articulado de la cláusula de salvaguarda en el modelo de financiación, tanto en su definición como en la de los elementos que la componen.
CCOO está claramente concienciada con que el déficit financiero no solo es para el capítulo I (que ya dificulta la seguridad del cobro de las nóminas en algunas universidades andaluzas a partir de noviembre) sino que es extensible este déficit en otras partidas que vuelven a colocar a la universidad pública en desventaja, especialmente en infraestructuras, al coartar el uso de los remanentes.
Por otro lado, y en referencia a la situación del sistema educativo público, Enrique Guerra mostró su preocupación por la situación que están viviendo una treintena de colegios públicos que no pueden utilizar los sistemas de climatización porque el Ayuntamiento de Córdoba no ha realizado las oportunas revisiones. Este es un tema pendiente tras años de falsas promesas y queda claro que las medidas arbitrarias no solucionan los problemas de climatización.
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