El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba se alegra que finalmente haya rescatado el servicio tal y como planteó a la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Córdoba, la cual finalmente ha resuelto después de dos meses la situación de las trabajadoras de Mabraser, empresa que tenía adjudicado el servicio de limpieza de 31 institutos de la provincia, así como el de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y la empresa municipal Cementerios de Córdoba (Cecosam), que también han resuelto el contrato con la firma.
“Nos alegramos de que la Delegación haya encontrado tres empresas para hacerse cargo de los lotes que tenía adjudicados a Mabraser y que subrogarán a las trabajadoras a partir del día 21, pero aquí no se acaba el tormento de estas trabajadoras, puesto que la adjudicación a las nuevas empresas no implica que vayan a cobrar las dos nóminas y media que se les debe ahora mismo, más la media paga de diciembre de 2024”, señaló la secretaria General del mencionado Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Esperanza Sánchez.
Sánchez explicó que las trabajadoras tendrán ahora que reclamar las cantidades que les adeudaba Mabraser y que retiene la Delegación de Desarrollo Educativo. “Muchas trabajadoras ya han denunciado con el asesoramiento de CCOO, que tiene sus puertas abiertas para informar y acompañar a sus afiliadas y a cualquier trabajadora que lo necesite”, remarcó la responsable sindical.
Para CCOO, es “lamentable que sean siempre las trabajadoras y trabajadores los que paguen el pato de estas situaciones, que se podrían evitar si las administraciones públicas, y en este caso la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, no hicieran licitaciones a empresas que presentan bajas temerarias e hicieran el debido seguimiento del servicio”, debiendo licitar sin deudas pendientes, que finalmente dejan de percibir las personas trabajadoras, llevándolas a demandar para que le paguen lo que es suyo, criticó Sánchez.
En este sentido, la secretaria General del Hábitat de CCOO de Córdoba insistió en que “es necesario arbitrar medidas en los contratos de adjudicación y licitación de servicios externalizados que impidan a empresas sin la solvencia necesaria acceder a estas licitaciones, así como establecer cláusulas que permitan a las administraciones actuar de forma inmediata para evitar situaciones de indefensión como la que están viviendo las trabajadoras e, incluso, abonar las nóminas que las empresas puedan dejar de pagar por ser el responsable último del servicio que se licita”.
