Marta Montero, directora del Departamento de Derecho de la Universidad Loyola Andalucía.
Redacción. La profesora Marta Montero, directora del Departamento de Derecho de la Universidad Loyola Andalucía, ha afirmado -tras analizar el conocido como Informe Lagares- que “desde 2012 estamos asistiendo a multitud de modificaciones en la regulación fiscal y ahora parece que se avecina la prometida disminución de impuestos”. Según la profesora Montero, el informe presentado por la comisión de expertos, consultados por el Ministerio de Hacienda para una posible reforma fiscal, “es un buen informe, porque su aportación no se reduce a las propuestas concretas, sino que introduce un valioso diagnóstico de la situación actual del sistema tributario español y del contexto en el que se debe llevar a cabo la reforma”.
El Informe Lagares, según Marta Montero, propone una doble fase de reformas: una primera en la que la consolidación fiscal sigue siendo el objetivo prioritario, con una bajada moderada de impuestos y algunas reformas estructurales y una segunda fase, “en la que se pretende que el sistema impositivo español contribuya a la mejora de la competitividad de la economía, al aumento del empleo y al incremento del ahorro”.
Para la profesora Montero, la reducción de los tramos de la tarifa del Irpf, una bajada generalizada los tipos, junto con una subida de tipos de gravamen y supresión de exenciones en el IVA, no contribuye a mejorar la progresividad del sistema tributario español. Y si nos atenemos a las declaraciones realizadas hace unos días por el ministro Montoro, “creo que la reforma en la imposición indirecta va ir de la mano de los tributos medioambientales y de la denominada Tasa Tobin sobre transacciones financieras”.
En el citado informe, Marta Montero reconoce propuestas acertadas respecto al Irpf, como las relativas a la configuración de la base imponible dual, al tratamiento homogéneo de las rentas de los bienes en los que se materializa el ahorro o la disminución de los tipos de gravamen. También valora como “un paso adelante”, que las cotizaciones sociales entren a considerarse explícitamente como un impuesto sobre la rentas del trabajo, ya que estas “son las que actualmente se ven sometidas a una mayor tributación, siendo las clases medias las que soportan gran parte de los gastos del Estado de bienestar”.
Aunque valora positivamente las conclusiones de la comisión de expertos, también encuentra la profesora Montero planteamientos “claramente discutibles y dónde caben opciones muy diversas”. Por ejemplo, el informe propone un tratamiento homogéneo de las rentas empresariales en el Impuesto sobre la Renta y en el Impuesto sobre Sociedades por la vía de la fiscalidad única para pequeñas y grandes empresas, y propone la eliminación del régimen de empresas de reducida dimensión: “En mi opinión, es fundamental establecer diferencias entre la tributación de la microempresa, de la mediana y de la gran empresa, la realidad de estas requiere de un tratamiento diferenciado”.
Sobre la reforma de la financiación autonómica y la poca profundidad del Informe Lagares en este asunto, Marta Montero cree que “en un tema especialmente sensible, el informe se ha mantenido al margen de los aspectos políticos y ha apuntado problemas y soluciones inherentes a nuestro sistema fiscal descentralizado, con fácil acomodo en el modelo actual”. Por ello se propone que “la descentralización impositiva se asiente en impuestos que recaigan sobre perceptores finales de renta, y en el caso de impuestos indirectos en tributos que graven el consumo en fase minorista”.
