La secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP, Mari Carmen Heredia, señaló la responsabilidad de la delegada de la Junta, “como máxima autoridad provincial, en la toma de decisiones que afecten a la calidad de los servicios, así como a las y los profesionales, a los que decisiones de este tipo menosprecian su labor y aumentan su malestar, el de un colectivo que ya sabemos que suele tomar la decisión de huir de nuestro sistema sanitario andaluz por las precarias condiciones que éste les ofrece tanto en la remuneración económica como en las condiciones laborales”.
Heredia señaló que esta situación sólo se está dando en nuestra provincia y mostró las sospechas de UGT SP de que pudiera ser una prueba que la consejería de Sanidad tiene como objetivo trasportar a otros distritos y provincias, “ahondando en la precariedad y en el deterioro de los servicios públicos sanitarios, especialmente los de Atención Primaria, en los que la Junta ha dado demasiadas pruebas de su intención de apostar por la privatización de lo público”.
La secretaria ugetista indicó entender posturas que intentan focalizar la responsabilidad en los directores de distrito pero destacó, sin embargo, que “estas decisiones no podrían tomarse sin el consentimiento y conocimiento de la delegada de Salud” y añadió que, además, “a esto se suma el total oscurantismo que ha seguido la toma de decisiones, sin contar con los agentes sociales y sin consensuarlo en la mesa de negociación, por lo que, mucho nos tememos, esto supone un punto de inflexión en las relaciones de los sindicatos con Salud en la provincia, ante el que exigimos no sólo una rectificación de las decisiones sino un cambio determinante en las actitudes impositivas”.
Mari Carmen Heredia solicitó, asimismo, “la constitución de una mesa negociadora en el que se dé conocimiento de los causes y motivaciones que llevaron a tomar esta decisión, así como las causas de este ocultamiento a los representantes de los trabajadores como paso inicial a restablecer el diálogo y el consenso como fórmula sin la cual no podríamos entender ningún cambio que afecte de forma considerable a los derechos y obligaciones de las trabajadoras y trabajadores de la Sanidad pública en Córdoba”.
