La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en Córdoba, junto a la Sección Sindical de UGT en el centro de almacenamiento del El Cabril, anunciaron hoy que llevarán a los tribunales de justicia a la Dirección de Enresa y a los miembros de la Comisión de Selección por fraude y vulneración de derechos relacionados con el despido de dos trabajadores contratados por esta empresa pública en el año 2023.
Según informó la federación ugetista, Enresa habría cometido fraude “al vulnerar los derechos de los trabajadores contratados este año, en un proceso de selección donde se establecen las condiciones y criterios para su contratación, con la simple alegación para ello de no superar el período de prueba”.
UGT-FICA recordó que Enresa es una empresa pública perteneciente a la SEPI y que, por lo tanto, “no cumplió en esta decisión de despido con el principio de transparencia que, en la propia convocatoria pública se desarrolla en su punto 8 y que establece que la Comisión de Selección actuará de acuerdo con este principio”. En base a esta premisa, el sindicato denunció que “la decisión adoptada por Enresa no fue analizada ni debatida, ni mucho menos argumentada o explicada, ni a los miembros de la Comisión de Selección ni a la RLT, como tampoco lo fue a los trabajadores afectados”.
El secretario general de UGT-FICA en Córdoba, Pedro Téllez, manifestó, en relación a estos despidos, que “el proceso de selección de una empresa pública como Enresa, bajo el paraguas de la Administración Pública, no puede usar una excusa tan caprichosa, torticera y carente de todo rigor legal como el periodo de prueba, cuando en el propio proceso de selección se valoran el mérito y la capacidad, teniendo en cuenta, además, que los candidatos en el proceso pasan por una entrevista personal y el correspondiente reconocimiento médico previos a la contratación”.
Por todo ello, indican desde el sindicato ugetista, “solicitaremos al juzgado de lo social el auto correspondiente a un despido nulo y la readmisión inmediata de los dos trabajadores, ya que entendemos que tal decisión extintiva es de difícil aplicación cuando el empresario es una Administración Pública, puesto que el trabajador ha acreditado mérito y capacidad suficiente para ocupar la plaza en cuestión”.
Finalmente, UGT-FICA subrayó que “los poderes públicos no se rigen por el principio de la autonomía de la voluntad, sino por el de legalidad que, en este caso, exige por una parte la realización por el empresario público de las experiencias objeto de la prueba y, por otra, la expresión objetiva y motivada de la no superación de la misma”.