UGT Servicios Públicos (UGT SO) de Córdoba, denunció hoy la situación que atraviesan los trabajadores del servicio de transporte sanitario de la Zona Sur de Córdoba, hasta hace poco gestionado por la empresa Ambulancias del Sur, que obtuvo la licitación de este servicio de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Según fuentes del sindicato, la situación inicial entre la empresa y los conductores de ambulancias fue correcta hasta que llegaron problemas con los pagos, momento en el que iniciaron movilizaciones que terminaron por romper cualquier relación y comunicación con la dirección de Ambulancias del Sur. Tras seis meses sin pagar a los trabajadores, esta empresa habría mandado un comunicado al Hospital Infanta Margarita de Cabra en el que les indicaba que dejaban de prestar sus servicios. Esto ocurrió un viernes a las 14:45 de la tarde dejando poca obra de maniobra. No obstante, y de forma precipitada, se pudo llegar a firmar un contrato de urgencia con la empresa SSG para cubrir estos servicios. El hospital egabrense, por su parte, habría iniciado acciones legales con la anterior empresa por el incumplimiento de la licitación y por las circunstancias en las que abandonó el servicio y el peligro para los pacientes que esta situación podría haber provocado, según señalan desde UGT SP Córdoba.
Pero el verdadero problema para los trabajadores de la anterior empresa, además del impago de siete nóminas, se situó en que Ambulancias del Sur dio de baja a los trabajadores de su plantilla, provocando una situación complicada, ya que imposibilita que la nueva empresa que se haga cargo del servicio pueda subrogarlos al no producirse en la forma legal establecida el cambio de empresa.
La secretaria de Sanidad de UGT SP Córdoba, Mari Carmen Heredia, denunció que “esta situación podía haberse evitado si desde la Administración hubiesen actuado en el momento en el que comenzaron a producirse los impagos, ya que llegar a seis meses en esta situación para cualquier trabajador es afrontar una ruina económica y consecuencias psicosociales que pueden afectar gravemente a su salud, algo que jamás debería producirse”.
Heredia señaló que “no comprendemos tampoco cómo no se llegaron a cabo negociaciones ni por qué se llegaron a paralizar las conversaciones entre la empresa y la representación de los trabajadores, porque ese es el lugar en el que debieron resolverse todas estas cuestiones, más allá de las necesarias protestas, que llegamos a apoyar, de las personas trabajadoras de la empresa”.
La secretaria ugetista lamentó “el comportamiento de la Delegación de Salud de la Junta en Córdoba, que hizo caso omiso a una situación que llevaba advirtiéndose desde hace tantos meses”, e insistió en la necesidad de “una implicación real y efectiva de la Consejería de Salud en solventar la actual situación de estas personas facilitando el pago de los atrasos a través del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)”, a la vez que instó a la elaboración de una nueva licitación que sea “absolutamente garantista respecto a los derechos de las personas trabajadoras, que evite estas situaciones y que implique, asimismo, un compromiso por parte de la Administración para que el servicio pueda ser finalizado con las empresas en el caso del incumplimiento de las condiciones de trabajo mínimas o los impagos a los trabajadores, ya que estas situaciones no las podemos volver a permitir, tanto por el riesgo para los empleados de este servicio como para los usuarios del mismo”.
Finalmente, desde UGT SP Córdoba recordaron que el sindicato ofrece un servicio de asistencia legal gratuito a sus afiliados en el que pueden recibir asesoramiento jurídico desde el primer momento de su inscripción y asistencia legal en demandas desde que pasa un año de su afiliación.
