Juan Martínez, Secretario Provincial de la Federación de Servicios de UGT en Córdoba (FeSMC UGT-Córdoba), denuncia la dramática situación que soportan los trabajadores de diferentes empresas concesionarias de contratos con la Junta de Andalucía, en sectores tan diversos como la limpieza de centros hospitalarios, oficinas de la administración o de enseñanza, la seguridad de estos mismos centros, las cafeterías de los Hospitales o de la Universidad de Córdoba (cerradas o pendientes de adjudicación tras meses de espera) o los servicios de Transporte regular de viajeros.
En este sentido, Martínez asegura que no se están atendiendo las necesidades de estos sectores, cuyos trabajadores han sido históricamente considerados como las “cenicientas” del mercado laboral. Hostelería, limpieza, transporte, son sectores con una gran dispersión empresarial, que provoca que en demasiadas ocasiones los trabajadores vean cómo sus derechos laborales son pisoteados.
Pero, especialmente lamentable, dice Martínez, resulta la situación cuando estos trabajadores realizan la actividad para la propia Administración, contratados por empresas que explotan una concesión de la Junta de Andalucía. En nuestra provincia encontramos ejemplos de concesiones de servicios de seguridad o de limpieza en los diferentes organismos públicos por debajo de los costes reales de explotación, lo que provoca que sean asignados a empresas que presentan sus ofertas a sabiendas de que no van a poder cumplir ni con los derechos laborales de sus empleados, ni con la prestación del servicio que los usuarios demandan (y pagan con el dinero público).
Encontramos cafeterías de Hospitales a media jornada, como el Provincial, cerradas definitivamente (Los Morales), o pendientes desde hace más de un año de un concesionario que no llega (Hospital de Pozoblanco), lo que provoca que tanto el personal sanitario como los enfermos y familiares que acuden a estos centros se vean obligados a salir del hospital para buscar algo tan esencial como una cafetería.
Mención aparte merecen las concesiones de las diferentes cafeterías de la Universidad de Córdoba. Alguna lleva cerrada desde hace casi tres años, y en otras las diferentes empresas adjudicatarias de la concesión han ido dejando deudas tanto a los trabajadores cómo a la Tesorería de la Seguridad Social (situación que también se da en la cafetería del Hospital Valle de los Pedroches), lo que provoca que pasen los meses y sigan cerradas, algo que, según parece, no merece el interés por parte de la Administración de la Junta de Andalucía para su solución, regularizando la situación laboral de los trabajadores y prestando el servicio a los usuarios de estas dependencias.
Finalmente, Martínez también apunta al Transporte Público de viajeros. Este sector, en el que existen concesiones públicas que no se modifican desde hace años, viene sufriendo diferentes crisis a lo largo de décadas. Actualmente, con las restricciones de movilidad motivadas por la pandemia sanitaria, prácticamente no existe recaudación por parte de las empresas, a pesar de lo cual están en la obligación de mantener un servicio público del que no recuperan ni siquiera el coste de prestación. El resultado de este sinsentido es que se produzcan incumplimientos en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores, excesos de jornada, recortes en los salarios, etc…, poniendo en riesgo no sólo la viabilidad de las empresas o la economía de los trabajadores, sino las condiciones del servicio y de la seguridad.
UGT incide en la responsabilidad que la Administración tiene a la hora de hacer que se cumpla la normativa laboral por parte de todas y cada una de las concesionarias de los concursos públicos. Así, Martínez insiste en que la Junta no puede asignar el contrato a la mejor oferta económica y después mirar para otro lado cuando se explote a los trabajadores o se dejen de pagar sus cotizaciones, tolerando que determinados “empresarios” engorden sus cuentas a costa de servicios públicos que no dan y nóminas que no pagan. Por ello, el responsable sindical señala la necesidad de que desde la Junta de Andalucía se doten las partidas económicas de las concesiones con la suficiencia necesaria para el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, y que a través de la Inspección de Trabajo se garantice que las empresas concesionarias cumplen con esta premisa, recogiendo en los concursos públicos las cláusulas que permitan retirar la concesión inmediatamente a aquellas empresas que pretendan cada mes hacer “su agosto”.
