El accidente mortal ocurrido el 21 de diciembre de 2023 durante unas maniobras en la base militar de Cerro Muriano, Córdoba, continúa generando consecuencias judiciales. El Tribunal Militar Central ha ratificado la imputación del capitán al mando de la actividad por dos presuntos delitos contra los deberes del servicio, destacando en su auto la falta de medidas de seguridad y la peligrosidad de la práctica realizada en condiciones extremas de frío.
Según el auto judicial, al que ha tenido acceso El Día de Córdoba, las investigaciones apuntan a que el capitán diseñó una actividad sin la debida preparación ni protocolos de seguridad, ejecutada por soldados sin la formación adecuada y en un entorno con temperaturas cercanas a los cero grados. Todo ello habría provocado una situación de alto riesgo que terminó con la vida de los soldados Carlos León y Miguel Ángel Jiménez.
Los hechos se produjeron durante un ejercicio de cruce de un lago artificial dentro de la base. Muchos de los militares participantes sufrieron síntomas de hipotermia, y algunos apenas pudieron salir del agua por sus propios medios. León y Jiménez, sin embargo, no lograron sobrevivir. La cuerda utilizada para el paso, según el tribunal, “no era apta para la función pretendida”, y tampoco se contemplaron planes alternativos de seguridad ni la presencia de apoyos sanitarios.
En el auto, el tribunal advierte que "no hubo una valoración adecuada del riesgo", y que el capitán “no actuó con la diligencia y pericia exigible para su responsabilidad”. Asimismo, elimina de la acusación los dos delitos en grado de tentativa que inicialmente se le atribuían, aclarando que, en el derecho penal español, “la imprudencia frustrada o intentada no es punible”, ya que este tipo de delito solo se sanciona cuando se produce un daño real.
Actualmente, cuatro mandos militares siguen imputados por el caso: un teniente coronel, un comandante, un teniente y el capitán. El teniente, según la resolución, conocía el diseño del ejercicio desde el principio, fue informado de la ubicación de la cuerda en la parte profunda del lago y permitió que sus subordinados lo realizaran sin supervisión y con mochilas cargadas con minas de instrucción. El comandante, por su parte, no hizo ninguna verificación pese a conocer la fecha y hora del ejercicio y las bajas temperaturas previstas. El teniente coronel recibe un reproche similar por su inacción.
El tribunal ha eximido de responsabilidad tanto al coronel como al sargento encargado de colocar la cuerda en el lago, pero mantiene el procedimiento abierto para determinar en juicio si la conducta del capitán y los otros tres mandos constituye finalmente delito.