El aforo reducido, impuesto por la desescalada, ha germinado una propuesta de adaptación por parte de la hostelería. La Gerencia de Urbanismo comienza a otorgar los primeros permisos, ante las solicitudes de ampliación de veladores. Su presidente, Salvador Fuentes, firmó, a última hora del miércoles, las primeras resoluciones, anunciando nuevas para los próximos días. El consistorio planea conceder 20 permisos diarios a lo largo de 48 horas, atendiendo a las 66 solicitudes recibidas.
Algunas zonas requieren su ordenamiento conjunto, espacios conflictivos que demandan la coordinación hostelera para el reparto. María la Judía se postula como la primera candidata. Francisco de la Torre, presidente de Hostecor, propone utilizar el acerado anexionado al parque, para así optimizar los metros. Su asociación desarrolla una labor que, el propio gerente de Urbanismo, ha catalogado de “encomiable”. Algunos proyectos, como añadir isletas en la avenida de Barcelona y más plaza en La Corredera, entregarán sus planos a lo largo de esta semana.
La coordinación entre Urbanismo y la Policía Local ha sido determinante en el transcurso de la primera fase. Sendos organismos crearon una comisión mixta, con un seguimiento diario de los casos. Un total de 160 inspecciones, y la apertura de 20 expedientes sancionadores, dan testimonio del rigor legislativo que aplican. El organismo municipal declara su compromiso con una gestión ágil, que reduzca los periodos concesivos.
La falta de precedentes plantea algunos interrogantes, abordados desde la celeridad ante la demanda. La coordinadora pretende facilitar al sector hostelero sus labores, con la intención de paliar el fuerte impacto económico de la COVID19.
Se calcula que Córdoba posee tan solo un 20% de sus negocios abiertos. A la espera de un impulso climático, señalan las condiciones del Gobierno central para los ERTES como una losa.
Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, estima que la labor ha sido adecuada, amparándose en el número de negocios abiertos y la función policial en detección de infracciones. De Gracia recoge que la puesta en práctica de las ampliaciones debe seguir un criterio de flexibilidad, con garantías de acceso y el control de los abusos horarios o acústicos.
