CSIF lamenta las 133 agresiones a profesionales del SAS registradas en los centros sanitarios cordobeses en 2022, lo que supone un ataque cada tres días, y tacha esta cifra de “escalofriante”, al tiempo que exige “que no se pueden normalizar bajo ningún concepto este tipo de conductas que desgraciadamente sufren los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública”. De todos esos episodios violentos, 7 fueron de carácter físico y 122 fueron verbales
La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, María Maestre, considera que “estos datos –dados a conocer esta semana por la Administración-- ponen a las claras que no hemos salido mejor de la pandemia y que lejos han quedado los aplausos a los profesionales de la sanidad durante el confinamiento”. “Una vez más ponemos el grito en el cielo porque además hay muchas agresiones todos los días que no se comunican al centro por la normalización de dichas conductas”, argumenta.
En esta línea, “desde CSIF Sanidad Córdoba entendemos que hay muchas formas de manifestar el desacuerdo, pero nunca la violencia”, subraya Maestre, quien insiste en la petición previa a la pandemia del sindicato --y de la que aún se ha recibido contestación por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta-- para incluir un régimen sancionador en la Ley de Salud Pública de Andalucía. “Entendemos que la Administración debe incoar un expediente administrativo e imponer sanciones administrativas adecuadas”, señala.
CSIF recuerda además que “la Administración Pública tiene el deber básico de proteger el interés público o general y de esta obligación nace ineludiblemente su potestad sancionadora”. Maestre destaca que “la Ley de Salud de Andalucía ordena los servicios y actuaciones de asistencia sanitaria pública y privada en la comunidad autónoma, articula el respeto y el cumplimiento de los derechos y obligaciones respecto a los servicios sanitarios y también recoge este régimen sancionador, que pedimos se desarrolle”.
“Las agresiones físicas y psíquicas que sufrimos diariamente todos los empleados y empleadas públicas, hace necesario una adecuación urgente que actúe como medida disuasoria frente a conductas reprobables e intolerables. Nada justifica el uso de la violencia hacia un profesional de la sanidad”, concluye la responsable de CSIF Sanidad Córdoba.
