Este pasado martes, María Jesús Botella, delegada provincial de Salud y Familias, se ha dirigido a los más de 1.000 confinados por el brote en una discoteca de la capital cordobesa. Para evitar la propagación del virus, ha optado por imponer grandes multas económicas a los que se salten deliberadamente su cuarentena.
“Todas las personas que se hayan hecho PCRs tienen que permanecer en sus domicilios. Se tienen que aislar. El periodo de incubación a lo mejor todavía no ha hecho efecto”, ha subrayado la delegada. Botella apela a la responsabilidad ciudadana para reducir el impacto del brote entre la ciudadanía.
“No solo es un tema de voluntariedad. Si no hay un confinamiento voluntario, se procederá a uno obligatorio que lo decretaré yo como autoridad sanitaria competente”. El confinamiento obligatorio lo tendrá que ratificar el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Y si es obligatorio se daría lugar a sanciones que puede conllevar a multas económicas muy importantes”, comunicó la delegada de Salud.
En el caso de tener constancia sobre el quebrantamiento de la cuarentena, derivada en un primer momento a la decisión personal, con un carácter voluntario, se emitirá una resolución decretando la obligatoriedad. Para ello, se contaría con ayudado las fuerzas y cuerpos de seguridad, aplicando multas que se elevan hasta los 600.000 euros.
