El Ayuntamiento de Córdoba ha dado el visto bueno inicial a la modificación del Reglamento Orgánico Municipal, el documento que establece las normas del funcionamiento del Pleno y la participación de los grupos políticos. La reforma, impulsada por el gobierno del PP con el apoyo de Vox, ha sido duramente criticada por la oposición, que denuncia un intento de “silenciar” su labor de fiscalización.
Restricciones en mociones, ruegos y preguntas
Uno de los puntos más polémicos de la nueva normativa es la limitación en la presentación de mociones, ruegos y preguntas durante las sesiones plenarias. A partir de ahora, los ruegos deberán presentarse por escrito con tres días de antelación, y los que se formulen oralmente tendrán un tiempo máximo de dos minutos sin posibilidad de debate. Además, cada concejal solo podrá presentar un ruego oral y hasta tres por escrito en cada sesión.
Las preguntas también estarán sujetas a restricciones. Deberán entregarse con 72 horas de antelación y serán respondidas por escrito antes de la siguiente Junta de Portavoces. Solo en casos excepcionales se permitirá plantear preguntas orales con 24 horas de antelación, y su respuesta se dará en el Pleno posterior.
El PP defiende la reforma y la oposición habla de "secuestro democrático"
El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, justificó la necesidad de actualizar el reglamento, vigente desde 2009, para adaptarlo a la normativa actual y mejorar la organización del Pleno. Según Torrico, la reforma “sigue el modelo de otros ayuntamientos similares” y no supone una limitación del derecho de la oposición, sino una mejora en la eficiencia de los debates.
Sin embargo, el PSOE y Hacemos Córdoba han arremetido contra el nuevo reglamento, calificándolo de “autoritarismo” por parte del equipo de gobierno. La edil socialista Carmen González lo tildó de “reglamento mordaza” y acusó al PP de querer “evitar el control de su gestión bajo la excusa de agilizar los Plenos”.
Por su parte, Juan Hidalgo, de Hacemos Córdoba, criticó que el acuerdo entre PP y Vox busca “restringir la transparencia y limitar la participación política”. En su opinión, la reforma representa “un ataque a la democracia en el Consistorio” al reducir el número de preguntas y mociones que pueden presentar los grupos de la oposición.
Próximos pasos
Tras su aprobación inicial, el nuevo reglamento deberá someterse a un proceso de revisión en el que los grupos políticos podrán presentar propuestas y alegaciones. Sin embargo, con la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Vox, todo apunta a que la reforma seguirá adelante sin cambios significativos.
La polémica está servida, y la oposición ya ha anunciado que no se quedará de brazos cruzados ante lo que consideran un intento de reducir su capacidad de control sobre el equipo de gobierno municipal.
