El motivo de dicha concentración es reclamar la anulación de las sanciones impuestas a los activistas y las activistas de las iniciativas convocantes cuando el pasado día 26 de marzo se concentraron en los accesos a los jardines de Orive para expresar de forma pacífica el rechazo de dichas iniciativas al desarrollo en Córdoba de un encuentro que reunía a destacados líderes institucionales, de la industria y de la tecnología en armamento militar.
La concentración pretendía denunciar la presencia en Córdoba de empresas españolas que trabajan en consorcio con empresas de la industria militar israelí cómplices del genocidio que el estado sionista de Israel está cometiendo impunemente contra el pueblo palestino y dejar constancia de nuestro rechazo a la escalada armamentística en Europa y al incremento de gastos militares subrayando por el contrario nuestra exigencia del fin del genocidio y nuestra apuesta por la resolución pacífica de los conflictos y la aplicación de los gastos militares para gastos sociales.
Ejercíamos en esa concentración nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión, y se hacía sin alterar en lo más mínimo el orden público, no obstante lo cual cinco de las personas presentes fueron identificadas y ya están llegando las primeras resoluciones de sanción por importe de 601 euros.
Las sanciones tramitadas por la Subdelegación del Gobierno son consecuencia de la aplicación de la reforma legislativa conocida como Ley Mordaza aprobada por el Congreso de los Diputados en marzo de 2015 (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), reforma legislativa que el PSOE se ha comprometido a derogar reiteradamente sin haber dado ningún paso en ese sentido hasta la fecha. Esta inhibición del PSOE es la que ha permitido que las activistas de las iniciativas convocantes hayan sido sancionadas de forma absolutamente arbitraria, pues una de las características de esta ley es la de dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de una alta discrecionalildad a la hora de sancionar infracciones previstas en la ley.
