La familia del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años de edad y natural de Adamuz (Córdoba), que murió ahogado junto al soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), el pasado 21 de diciembre en una maniobra en un lago de la base militar cordobesa de Cerro Muriano, sede de la Brigada Guzmán el Bueno X, ha solicitado prisión preventiva para el capitán de la compañía a la que pertenecían los militares fallecidos, el teniente y el sargento investigados por la jurisdicción militar, todo ello en base a los artículos 215 y 216 de la Ley Orgánica Procesal Militar.
En el escrito al Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla, el letrado que representa a la viuda del cabo, Antonio Granados, expone que "es el propio Tribunal el que reconoce que estos hechos revisten caracteres de un ilícito penal de delito contra la eficacia del servicio", de modo que, remitiéndose a los artículos 215 y 216 de la citada ley, considera que "es el momento procesal oportuno para que se decrete la prisión preventiva de los presuntos responsables".
En este sentido, cree que existen "motivos suficientes para ello, debido a la gravedad de los hechos, y para evitar la pérdida o manipulación de pruebas --documentales o testificales-- a las que los presuntos autores pudieran tener acceso --mantienen su empleo a día de hoy-- y que pudieran ser cruciales para el esclarecimiento de los hechos". Además, sostiene que "se cumplen escrupulosamente los requisitos exigidos en el artículo 216 de la Ley Orgánica Procesal Militar para que se estime esta petición y se decrete la prisión preventiva de los presuntos autores".
Las familias del cabo y el soldado fallecidos en Cerro Muriano se oponen a que el caso sea instruido por la justicia militar
Por su parte, la familia del soldado Carlos León Rico anunció a mediados de enero, a través de su abogado, que una vez declare en sede judicial el capitán responsable del ejercicio, solicitará como medida cautelar su ingreso en prisión provisional, a la vez que manifestó su oposición a que el caso sea instruido por la justicia militar, algo que también rechaza la familia del cabo fallecido, reclamando que sea la jurisdicción ordinaria la que lleve el caso. Mientras, la Fiscalía ha pedido que sea la militar.
Al respecto, el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha emitido una providencia, con la que ante las nuevas diligencias solicitadas por las partes del caso, expone que "no ha lugar a pronunciamiento" alguno hasta que se determine cuál es el órgano judicial competente para investigar el asunto, pues dicha instancia se ha inhibido en favor del Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla.
La citada providencia fue dictada el día 9 de febrero,en un marco en el que la defensa del capitán del Ejército de Tierra investigado en la causa ha alegado que el ejercicio en cuyo desarrollo acontecieron estas muertes, el cruce de un lago artificial, no está "regulado específicamente en ninguno de los casi "300 manuales" de un informe del Estado Mayor.
