La muerte del cabo Miguel Ángel Jiménez y del soldado Carlos León durante unas maniobras en un lago cercano a la base de Cerro Muriano sigue sin resolverse judicialmente. Han pasado meses desde que el Juzgado Togado Militar Central número 2 dictara el auto de procesamiento contra seis mandos del Ejército de Tierra, acusados de supuestas negligencias que desembocaron en la tragedia del 21 de diciembre de 2023. Sin embargo, las familias de las víctimas continúan esperando una respuesta.
Durante una visita a Córdoba este lunes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido contundente: “Una justicia lenta es menos justicia”. Robles ha manifestado su deseo de que el juicio se celebre “cuanto antes”, y ha insistido en que sería positivo tanto para las familias, “que necesitan consuelo”, como para los mandos procesados, ya que “la justicia debe actuar sin demoras, aunque sin prejuzgar nada”.
Las maniobras en las que perdieron la vida los dos militares consistían en cruzar un lago a temperaturas muy bajas. Tras el procesamiento dictado en julio, se han presentado varios recursos que, según el abogado de la viuda de Miguel Ángel Jiménez, Antonio Granados, están alargando innecesariamente el procedimiento. “Desde el 10 de septiembre, fecha en la que expiró el plazo para presentar recursos, estamos a la espera de una resolución”, denuncia el letrado. También lamenta que las piezas separadas abiertas desde entonces han resultado “estériles” y solo han contribuido a dilatar el proceso.
El abogado cordobés, en representación de la familia del cabo fallecido, ha solicitado al juzgado un impulso procesal, apelando a que “la dilación no beneficia a ninguna de las partes”. Aunque reconoce la complejidad del caso y la carga de trabajo del tribunal, considera que es imprescindible reactivar la instrucción para que avance el procedimiento.
Paralelamente, la familia del soldado Carlos León ha solicitado medidas cautelares que afecten directamente a los mandos procesados. Concretamente, ha pedido que se suspenda en sus funciones a los seis investigados: el sargento Moreno Ruiz de Castroviejo, el capitán Zúñiga Morillas, el teniente Tato Garrido, el comandante Velasco Quero, el teniente coronel Zanfaño Hidalgo y el coronel Navarro González.
El abogado penalista Luis Romero, que representa a la familia de León, sostiene que si estos mandos continúan en sus puestos durante el desarrollo del procedimiento judicial, existe “un enorme riesgo” de que se repita una situación similar. Aclara, sin embargo, que la solicitud de suspensión “no vulnera la presunción de inocencia”, sino que responde a una medida “proporcionada y razonable” dentro del contexto de un proceso penal por hechos tan graves.
La instrucción del caso, marcada por la lentitud, se encuentra en una fase de bloqueo procesal mientras las familias claman justicia y piden que la causa avance sin más retrasos. La presión social y jurídica se incrementa, mientras el dolor de los allegados continúa sin un cierre.
