Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el brote de SARS-COV-2 como pandemia, elevando a dicha extrema categoría la situación actual desde la previa declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.
Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno de la Nación declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Habida cuenta la evolución de los acontecimientos y el estado actual de riesgo inminente y extraordinario para la salud pública como consecuencia del COVID-19, las administraciones han adoptado diversas medidas a efectos de contención en la propagación del virus y de protección de la salud de los cidadanos.
Las personas mayores son uno de los grupos de población más vulnerables a sufrir infecciones víricas, sobre todo los más dependientes, por su menor capacidad inmunitaria, además de los efectos de enfermedades crónicas.
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a través de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas ha dictado un COMUNICADO a las entidades gestoras de servicio de ayuda a domicilio a personas mayores de Andalucía. En este comunicado aparece, entre las Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección, que las entidades municipales y supramunicipales competentes en el servicio de ayuda a domicilio podrán implementar medidas complementarias a lo que a la intensidad del servicio se refiere.
Asimismo, la citada Consejería en Comunicado sobre la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y las urgencias sociales que se deriven del COVID-19 indica que el establecimiento de los servicios mínimos en el desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) corresponde a las diputaciones y ayuntamientos, por ser éstas la Administración competente y gestoras del servicio.
En el documento tecnico de las recomendaciones de actuación desde los Servicios Sociales de atención Domiciliaria ante la crisis del COVID'19 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de fecha 16/03/2020, en lo que se refiere a los efectivos profesionales indica que:
"Se deben reforzar en lo posible las plantillas para valoración de situaciones y prestación de atenciones domiciliarias".
