CSIF expresa su firme oposición al plan de la Junta de Andalucía para crear la categoría profesional de gerocultor en los centros de mayores que son de su titularidad y gestión directa, que en el caso de Córdoba afectaría a la Residencia del Parque Figueroa. Entre otras consecuencias, esa medida equipararía a los auxiliares sanitarios con otros profesionales que no pueden desempeñar funciones sanitarias en un contexto en el que se requiere una mayor especialización por el progresivo envejecimiento de la población y la variada tipología de los residentes.
Según el sindicato, la propuesta de la Administración supondría menos especialización y pérdida de empleos y establecería un “cajón desastre” de trabajadores que mermaría la calidad del servicio prestado a los mayores y empeoraría el funcionamiento de los centros.
El Sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF Córdoba afirma que el planteamiento de la Junta representaría “un perjuicio y un agravio” para los auxiliares. Por un lado, ampliaría su carga de trabajo, al asignárseles funciones que no son específicamente sanitarias y por tanto no le corresponden, un hecho sobre el que ya ha habido sentencias en contra, y por otro los incluiría en la misma categoría que otros empleados sin respaldo profesional para participar en tratamientos médicos y de enfermería, como técnicos en atención a personas en situación de dependencia y técnicos en cuidados sociosanitarios. Estos dos grupos realizan actividades asistenciales básicas, pero no sanitarias. El auxiliar, en cambio, es “indispensable” junto a médicos y enfermeros en la elaboración de los planes destinados a prestar un tratamiento personalizado e integral a los mayores.
En este sentido, CSIF propone renombrar a los auxiliares como Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), al igual que ya ocurre en el ámbito sanitario, y reclasificarlos en el Grupo III porque resulta “más acorde a la situación social, académica y laboral actual”. En ese caso sí cabría crear la categoría de gerocultor y englobarlo en el Grupo IV, aunque “siempre al margen del auxiliar de enfermería”, de modo que las funciones que ejercen cada uno se complementen y las personas residentes reciban la atención adecuada.
El sindicato ya ha comunicado su “no rotundo y sin fisuras” al plan de la Administración durante una reciente reunión con el director general de Personas Mayores y Pensiones No Contributivas y la secretaria general técnica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ante quienes reivindicó que la solución al problema de organización en las residencias es actualizar las Relaciones de Puesto de Trabajo (RPT) del personal que trabaja en ellas. El criterio actual se basa en “un modelo residencial obsoleto, de más de cuarenta años, que apenas ha sufrido modificaciones salvo para dejar de dotar puestos de trabajo”.
El sindicato reclama un modelo claro que defina el perfil de los centros ahora que se ha elevado la esperanza de vida y la tipología de los residentes no es la misma que antes, sino más dispar. En la actualidad, en un mismo espacio cohabitan mayores con problemas de dependencia, ancianos con diferentes patologías o residentes más jóvenes que han sufrido exclusión social. Esa mezcolanza, además de generar “desprotección e inseguridad” tanto al usuario como al funcionamiento de los centros, exige un aumento de la especialización de los cuidados porque las necesidades de los residentes “son cada vez más complejas”.
