El personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de Intérprete de Lengua de Signos (ILSE) y representantes de CCOO han vuelto hoy a las puertas de la Consejería de Educación en Sevilla para reclamar su subrogración por parte de la Junta, que va a recuperar la gestión pública de los servicios que prestan estos profesionales en centros educativos de atención a menores con necesidades educativas especiales.
La Junta ha optado por la creación de una bolsa de trabajo para la selección del personal que prestará los servicios actualmente adjudicados a empresas privadas, lo que en la práctica supondrá que muchas de las personas que llevan años trabajando como PTIS e ILSE perderán su trabajo, ya que no se tendrá en cuenta su experiencia laboral, frente a otras personas que sí hayan trabajado directamente para la administración.
El secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, remarcó que “el sindicato defiende que se revierta la gestión de estos servicios al ámbito público, pero ello no debe perjudicar a las personas que trabajan en las empresas adjudicatarias de estos servicios”.
En este sentido, Sánchez recordó que el artículo 130.3 de la Ley de Contratación del Sector Público habilita a la administración para subrogar a este personal, compuesto por 162 personas en la provincia de Córdoba y unas 1.400 personas en toda Andalucía, y que su subrogación es “una cuestión de voluntad política, no de legalidad”.
Por ello, desde CCOO se insta a la Junta de Andalucía a sentarse a negociar una salida para las 1.400 personas afectadas, que llevan de media entre 5 y 7 años prestando estos servicios al alumnado con necesidades educativas especiales, en el caso de Córdoba, en 114 centros de la provincia.
