Tras varios meses de investigación, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha concluido el proceso abierto a raíz del brote de intoxicación alimentaria registrado en Córdoba el pasado enero, que afectó a más de 40 personas y dejó un fallecido, aunque no se ha podido confirmar si su muerte estuvo directamente relacionada con el incidente.
La investigación se centró en los montaditos de pringá servidos en el establecimiento La Sacristía, señalado como el foco del brote ocurrido el 4 de enero. Según fuentes oficiales, se ha iniciado formalmente un procedimiento sancionador contra el local, tras valorar como "graves" las deficiencias detectadas por los inspectores sanitarios que acudieron al lugar durante los días posteriores a los hechos.
Los técnicos de Salud subrayaron que dichas irregularidades suponían "un peligro con posible riesgo para la salud", lo que motivó su propuesta inicial en febrero para incoar un expediente sancionador. No obstante, la Junta solicitó entonces documentación adicional con el objetivo de precisar y analizar minuciosamente todos los elementos del caso, desde la posible identificación de los responsables hasta las circunstancias que rodearon el brote.
El informe final indica que las deficiencias observadas afectaron al conjunto del proceso de preparación y manipulación de alimentos durante el día de los hechos, en un entorno ya marcado por tensiones en cuanto a las condiciones higiénico-sanitarias del establecimiento.
Aunque el procedimiento sancionador aún se encuentra en tramitación, desde la Junta remarcan que las evidencias recopiladas permiten seguir adelante con la acción administrativa. El caso ha sido uno de los más graves registrados en Córdoba en los últimos años relacionados con higiene alimentaria.
