La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha pedido este martes "respetar" a la justicia y a cada una de las partes en el caso del cese de María Dolores Baena como directora del Museo Arqueológico de Córdoba en diciembre de 2023, después de 21 años, y en el que se encuentra investigado el delegado territorial del área, Eduardo Lucena, todo ello tras críticas del PSOE en el Parlamento de Andalucía.
A raíz de preguntas del parlamentario andaluz del PSOE por Sevilla Rafael Alfonso Recio sobre el tema en la Comisión de Cultura, la consejera ha expresado que "todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales en defensa de sus intereses, cuando así lo consideren, y este tema está así en estos momentos".
Al respecto, ha comentado que "todo el que tenga la condición de investigado tiene derecho a la presunción de inocencia", y ha declarado que colaborará "absoluta y plenamente siempre con las investigaciones y los requerimientos judiciales". "Ya no estamos en otro ámbito y esto está judicializado", por lo que le corresponde a ella "como servidora pública es respetar el procedimiento judicial, respetar a ambas partes y colaborar activamente en todo lo que se me requiera de la justicia", ha abundado, para enfatizar que "la medida que corresponde tomar en estos momentos es el respeto de todas las partes y la colaboración".
Mientras, el parlamentario del PSOE ha asegurado que "difícilmente se puede encontrar a una profesional más rigurosa, brillante y respetada a Mientras, el parlamentario del PSOE ha asegurado que "difícilmente se puede encontrar a una profesional más rigurosa, brillante y respetada a
En este sentido, ha lamentado que la consejera "calla ahora sabiendo que ha denunciado ante los tribunales el hostigamiento, la presión y el acoso presuntamente sistemático que ha venido sufriendo por parte del delegado territorial de Cultura en Córdoba, el cual está investigado".
Así, le ha preguntado si se ha interesado por la versión de Dolores Baena, "por la situación de una mujer que durante años ha aportado brillo a la cultura en Córdoba". "Si no lo ha hecho, está blanqueando a su compañero de filas, que con formación de administrativo ha manipulado, según la denuncia, documentación oficial para ir contra una eminencia en la arqueología", ha dicho.
Ante ello, "¿va a seguir amparando al delegado imputado por acoso? o ¿va a actuar con decencia política y cesarlo de inmediato, consejera?", ha trasladado el parlamentario socialista.
"DOCUMENTO VÁLIDO Y AUTÉNTICO"
En relación con "la ampliación de la denuncia, dudando de la autenticidad de un documento", Del Pozo ha subrayado que "el letrado de la Junta de Andalucía ha aportado al juzgado un informe del Departamento de Informática de la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte de Córdoba que certifica que el documento firmado es válido y auténtico".
"Por el momento, el juzgado ha considerado que ese informe es suficiente medio de prueba en lo referente a la integridad y trazabilidad del documento", ha señalado la consejera, quien ha añadido que "como se estaba poniendo también en duda la seguridad y fiabilidad del propio sistema de portafirmas de la Junta de Andalucía, también se ha aportado un informe de la Agencia Digital de Andalucía".
"Y existe también un auto del Juzgado de Instrucción número 8 de mayo de este año, en el que se deniega la práctica de pruebas adicionales al respecto", a la vez que "recoge que el sistema cumple la integridad del documento firmado, de tal modo que cualquier cambio en el documento respecto", a la vez que "recoge que el sistema cumple la integridad del documento firmado, de tal modo que cualquier cambio en el documento
Por tanto, cree que "hay que respetar el procedimiento, a ambas partes y los autos que salgan de los órganos judiciales", al tiempo que ha apuntado que "además de la ampliación de esta denuncia, hay otras cuatro causas interpuestas contra la Consejería y a día de hoy todas han sido desestimadas y algunas de ellas son también resoluciones firmes".
En definitiva, "en este punto ya de judicialización, de resoluciones y de autos, como servidores públicos, tenemos que respetar los procedimientos y, por supuesto, las pretensiones de ambas partes y dejar que los órganos judiciales actúen, porque ya estamos en esa situación, no estamos en el principio", ha transmitido la consejera.
