El delegado del Gobierno, Antonio Repullo, se ha reunido con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Durante el encuentro, han abordado cuestiones que atañen a ambas instituciones y Maeztu ha trasladado a Repullo las principales quejas y los problemas más importantes de la provincia que recoge el Informe Anual 2020 del Defensor.
Como ha indicado el delegado del Gobierno, “la colaboración entre ambas instituciones tiene que plasmarse en hechos y ser transparente”. Por ello, ha incidido en el “compromiso del Gobierno andaluz para ser diligente a la hora de agilizar la resolución de las reclamaciones de los ciudadanos y que puedan resolverse lo antes posible gracias a esa cooperación”.
“Cualquier solicitud que se nos traslade desde la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, la atenderemos con la máxima diligencia, aportando todo lo que esté en nuestra mano y se nos requiera para hacer más fácil y eficaz la labor que desempeña el Defensor del Pueblo en auxilio de todos los ciudadanos cordobeses”, ha señalado Repullo.
El delegado ha resaltado la importancia de la “escucha activa de las demandas y deseos de los ciudadanos, así como la resolución de problemas por parte del Defensor del Pueblo y el trabajo y el esfuerzo del Gobierno andaluz por incorporar esas demandas a su acción política” ya que como ha destacado “también una seña de identidad de este nuevo Gobierno contar con la opinión y escuchar lo que nos dicen los ciudadanos, arbitrar nuevas medidas y fórmulas para establecer con ellos cauces de comunicación y colaboración”.
“Este es un Gobierno que escucha, que es sensible con las legítimas aspiraciones ciudadanas, que cree verdaderamente y demuestra con hechos que cuenta con las personas a la hora de gestionar sus competencias”, ha asegurado el delegado del Gobierno.
El máximo representante de la Junta en Córdoba ha reconocido y agradecido a Jesús Maeztu el “enorme esfuerzo que todo su equipo está realizando a la hora de canalizar las demandas de los andaluces, sobre todo en un año como ha sido 2020, marcado por la pandemia de la Covid19 que ha generado muchas dificultades a toda la sociedad, pero que especialmente se ha cebado con las personas más vulnerables”.
En este sentido, Repullo ha trasladado a Maeztu que también “nuestra principal preocupación este año ha sido luchar contra la pandemia, desde el punto de vista sanitario, económico y social, con ayudas a las personas, entidades y empresas afectadas por esta crisis”.
Para el delegado, “después de una situación extraordinaria como la que hemos vivido, es más importante aún el esfuerzo solidario y la implicación máxima de todos para recuperarnos como necesitamos y afrontar el futuro en las mejores condiciones, más fuertes, mejor posicionados, aprovechando el enorme potencial que atesoramos”.
El delegado ha trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz la importancia de que Andalucía cuente “cuanto antes con un presupuesto aprobado en tiempo y forma, para que de esta manera podamos poner en marcha aquellas políticas que están centradas precisamente en la atención a las personas más vulnerables que inciden en el fomento del empleo, la igualdad y las políticas de dependencia, y el blindaje de servicios públicos esenciales como la salud, la educación o las políticas de vivienda”.
Durante el encuentro, ambos responsables institucionales han abordado diferentes áreas como la sanitaria en la que el delegado del Gobierno ha explicado al Defensor del Pueblo el trabajo en el refuerzo de personal sanitario y en cuanto a infraestructuras. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento a lo largo de este año de la declaración de emergencia de diversos contratos de suministros y obras del SAS por un valor total de más de 43 millones de euros, realizados para hacer frente a la asistencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en la provincia de Córdoba. Respecto a las inversiones para centros de salud, en los presupuestos para 2022 se destina un montante superior a los 18 millones de euros para inversiones en infraestructuras.
En materia de dependencia, el delegado ha explicado que “trabajamos para agilizar y mejorar todos aquellos procedimientos y ayudas que contribuyan a ayudar a las personas que peor lo están pasando, con medidas como la Renta Mínima de inserción social o el servicio de Dependencia”. Durante este año, se han tramitado 4.386 expedientes de Renta Mínima en la provincia de Córdoba, de los que 504 son concesiones de la prestación a unidades familiares con menores. Igualmente se han aprobado 1.401 prestaciones en trámite inicial, que dan cobertura a 2.909 personas, y se han concedido 263 ampliaciones del derecho. El montante económico de gasto en la provincia en lo que va de año asciende a 6.68 millones. En cuanto a atención a la dependencia, en la provincia de Córdoba hay 26.860 personas atendidas que reciben un total de 38.183 prestaciones lo que supone 2.526 personas más atendidas que en diciembre de 2020, con un incremento del 10,38%. Desde el inicio de la legislatura en 2019 hasta el momento actual, se han creado en la provincia de Córdoba un total de 159 nuevas plazas en residencias y centros de día para la atención de personas mayores y personas con discapacidad.
En cuanto a pensiones no contributivas, hay en la provincia un total de 8.494 personas perceptoras y la inversión total en lo que va de año asciende a 46,2 millones. A ello se añade un pago extraordinario e independiente que aprueba el Consejo de Gobierno a cargo del Presupuesto de la Junta de Andalucía y que se ha traducido para la provincia en 1.36 millones en este 2021 y que alcanza a 8.738 beneficiarios.
Por otro lado, Córdoba ha recibido 3,8 millones de euros destinados a la Diputación y los municipios de más de 20.000 habitantes incluida la capital para la financiación de los servicios sociales comunitarios, donde se llevan a cabo las primeras atenciones y prestaciones a la población, facilitando información, orientación, valoración y asesoramiento tanto para el acceso a servicios sociales como a recursos de otros sistemas de protección social. También la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado más de 1,3 millones de euros a la Diputación de Córdoba y los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes para la financiación de los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección. Las ayudas beneficiarán a unas 613 familias y cerca de 1.235 menores.
Igualmente, las Tarjetas Monedero han ayudado a 8.238 personas de 3.060 familias de Córdoba tras la finalización del programa impulsado por la Junta de Andalucía y Cruz Roja. En total han sido 11.928 recargas las que han llegado a los hogares más desfavorecidos, para adquirir productos de primera necesidad ante la crisis provocada por el covid. En concreto, las tarjetas han llegado a 59 municipios de la provincia, es decir, un 67% de ellos han contado con esta ayuda.
También se han llevado a cabo 388 visitas a los centros de servicios sociales para garantizar las mejores condiciones a los usuarios de los centros de titularidad pública de la comunidad autónoma, de las administraciones locales, sostenidos con fondos públicos, en régimen de concierto, así como los de régimen privado.
En cuanto a política de vivienda social, el delegado del Gobierno se ha referido a que contamos con 7.200 viviendas públicas entre Córdoba y provincia. El grueso de las mismas se encuentran en Córdoba ciudad, con alrededor de 4.000, la mayoría en barrios como Moreras, Polígono Guadalquivir y Palmeras. También hay repartidas promociones por Priego de Córdoba, Lucena, Baena, Cabra o Pozoblanco, así como en otros municipios más pequeños como Añora, Alcaracejos, Castro del Rio, Montoro, o Villanueva de Córdoba. La Junta también cuenta con viviendas cedidas al Instituto Andaluz de la Mujer, para caos de violencia de genero.
Repullo ha destacado que el Gobierno del cambio, ha acometido infinidad de obras para mejora, adecentamiento, eficiencia energética y mantenimiento del parque público de vivienda, con una inversión total que supera los cuatro millones de euros. Para este año hay presupuestados más de cinco millones para obras de eficiencia energética y mantenimiento y mejora del parque.
El delegado del Gobierno se ha referido a que hablamos de “cuestiones fundamentales para las personas vulnerables y me consta que desde el Gobierno andaluz se han redoblado esfuerzos para agilizar todas las ayudas a pesar de la dificultad de haber atravesado una pandemia como la que hemos vivido para que los ciudadanos recibieran las ayudas cuando más lo necesitaban”.
Por último, Repullo ha valorado este encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz. Ambos responsables han trasladado su compromiso de trabajar de manera fluida y coordinada para mejorar la calidad de vida de los cordobeses. En este sentido, el delegado del Gobierno ha resaltado la importancia de mantener una relación fluida con todo el tejido asociativo que trabaja y conoce a la perfección las necesidades de los andaluces como es el caso del Defensor del Pueblo.
