El juez llama a 42 testigos del fallecimiento de los militares de Cerro Muriano
El procedimiento judicial iniciado en Córdoba el pasado diciembre para esclarecer el fallecimiento del cabo Miguel Ángel Jiménez y el soldado Carlos León durante unos ejercicios en la base militar de Cerro Muriano continúa en desarrollo. Ahora, el caso será investigado por el juzgado Togado Militar Central 2 en Madrid.
Inicialmente, la causa llegó al juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que se inhibió en favor del juzgado Togado Militar Territorial 21 de Sevilla. Este último, considerando que podrían existir responsabilidades penales por parte de militares aforados, se inhibió en favor del juzgado Togado Militar Central 2 en abril. Algunas partes han recurrido estas decisiones, contribuyendo a la dilación del proceso.
El juzgado Togado Militar Central 2 en Madrid ha ampliado la investigación al coronel jefe del Regimiento de Infantería La Reina 2 (de la Brigada Guzmán El Bueno X) en el momento de la aprobación del programa básico de instrucción; al coronel jefe de La Reina 2 durante el desarrollo del ejercicio Alfa; al teniente coronel jefe de la plana mayor del regimiento durante la aprobación y desarrollo del plan básico de instrucción, y al comandante jefe de la plana mayor del regimiento durante las maniobras. Estos investigados se suman a los tres procesados inicialmente: el capitán responsable de la actividad, un teniente y un sargento. Además de los fallecidos, se menciona a dos soldados heridos que presentaron síntomas de hipotermia.
En un auto del pasado 7 de junio, el titular del juzgado Togado Militar Central 2, coronel auditor Fausto Manuel Blanco, planteó citar como testigos a todas las personas que tuvieron relación directa con los hechos, un total de 42, incluyendo a una persona que realizó una reanimación cardiaca. Además, se llamará a cinco médicos como peritos y a tres testigos peritos: un médico, un enfermero y un guardia civil.
La investigación incluye también la solicitud de informes sobre el impacto del agua fría (entre 4 y 8 grados centígrados) en el organismo y el análisis del ejercicio de paso de aguas donde murieron los militares. Se pide a la Inspección General de Sanidad del Ministerio de Defensa un perito para elaborar un informe sobre la hipotermia por inmersión en aguas frías, y al jefe del Grupo Especialista de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil otro perito para un informe sobre los riesgos y medidas preventivas en inmersiones en aguas frías. También se requiere al Mando de Adiestramiento y Doctrina un perito especialista en el curso de operaciones especiales para informar sobre el ejercicio de paso de ríos.
El juzgado Togado Militar Central 2 también ha iniciado el procedimiento para anular las declaraciones del capitán, el teniente y el sargento ante la policía judicial (Guardia Civil), al considerar que "adolecen de un vicio procedimental que genera indefensión material a los investigados". Se plantea que, al haber declarado como testigos, no tenían las garantías que la ley establece para los investigados, como el derecho a no declarar contra sí mismos.
Antonio Granados, abogado que representa a la viuda del cabo Miguel Ángel Jiménez, expresó su "satisfacción" con la aceptación de la inhibición por parte del juzgado Togado Militar Central 2, ya que permite continuar el procedimiento que se había estancado. Granados señaló que, si hay indicios suficientes de responsabilidad penal, los mandos aforados tendrán que dar explicaciones y responder ante la Justicia si de sus acciones u omisiones se deriva responsabilidad penal.