Un grupo de 107 jueces y juezas especializados en Violencia sobre la Mujer de toda España, incluyendo a Fátima Ortiz Alarcón, del juzgado número 1 de Córdoba, han expresado su "rechazo" a los ataques lanzados por el equipo legal de Juana Rivas contra la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada. En un comunicado conjunto, han advertido que el desprestigio dirigido a esta magistrada no solo afecta su imagen, sino que también erosiona la confianza en todo el sistema judicial.
Según los firmantes, las críticas del despacho de abogados de Rivas parecen formar parte de una campaña mediática destinada a desacreditar cualquier fallo judicial desfavorable para su cliente. La campaña, aseguran, ha escalado a ataques personales contra la magistrada, acusándola de errores y de no entender la violencia vicaria.
Los jueces sostienen que este tipo de acciones no solo buscan desacreditar a la magistrada en cuestión, sino que pretenden sembrar dudas sobre la capacidad y profesionalismo de todos los titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Lamentan que cuestiones estrictamente jurídicas estén siendo trasladadas al ámbito de la opinión pública, donde a menudo se discuten de forma superficial en tertulias y redes sociales.
El Foro Judicial Independiente (FJI) también se ha sumado al apoyo a la magistrada, calificando las declaraciones del equipo legal de Rivas como manifestaciones interesadas que intentan influir en la independencia de los jueces. FJI ha subrayado la necesidad de que las críticas a las decisiones judiciales se hagan desde el ámbito legal, mediante los recursos pertinentes, y no a través del señalamiento público de magistrados.
Para los jueces, estos ataques no solo faltan al respeto a la independencia judicial, sino que también pueden disuadir a otras mujeres de confiar en el sistema y presentar denuncias. Han recordado que la judicatura es una pieza esencial en la lucha contra la violencia de género, y cualquier intento de desprestigiarla compromete los esfuerzos en esta área.
Finalmente, el comunicado pone de relieve que el desprestigio público de una magistrada en un caso tan mediático como el de Juana Rivas, pone en riesgo la credibilidad del sistema judicial en su conjunto y, por ende, la protección efectiva de las mujeres y menores afectados por la violencia de género.