Izquierda Unida y el Partido Comunista de Andalucía en Córdoba han denunciado esta mañana en rueda de prensa el “trampeo sin precedentes” que el gobierno andaluz del PP ha llevado a cabo con los centros de crisis para la atención a víctimas de violencia sexual, obligatorios según la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. La comparecencia ha tenido lugar a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba y ha contado con la presencia de la responsable del Área Feminista provincial de IU, Rosa Rodríguez, junto a la coordinadora local, Irene Ruiz, y la responsable del área Feminista de IU Córdoba ciudad, Raquel Arranz.
Rodríguez ha denunciado que los centros que el Ejecutivo de Moreno Bonilla ha puesto en marcha “no cumplen con los requisitos mínimos que marca la ley ni garantizan una atención integral, urgente y permanente”, como exige el artículo 35 de la ley estatal. “Estamos ante una auténtica barbaridad”, ha afirmado, “una actuación que no solo incumple sus obligaciones, sino que revictimiza a las mujeres”.
La responsable feminista ha detallado cómo, en lugar de centros adecuados, se han habilitado “edificios prefabricados que no reúnen condiciones dignas” y que además solo atienden en horario de oficina, de 8:30 a 20:00 horas, con un parón entre las 14:00 y las 17:00. “Durante ese intervalo, si una mujer sufre una agresión, tiene que llamar a la línea 900 del Instituto Andaluz de la Mujer”, ha denunciado Rodríguez, poniendo en evidencia la falta de recursos humanos, técnicos y estructurales. Además, ha subrayado que el centro permanece cerrado los fines de semana, y que solo en esos días (fines de semana y festivos) se activa una psicóloga de guardia que puede estar en otra provincia, lo que dificulta una atención rápida.
Además, ha explicado que no hay juristas de atención directa en el centro de Córdoba y que para acceder a una asistencia legal es necesario pasar por dos derivaciones previas: primero, la psicóloga del centro deriva al Instituto Andaluz de la Mujer, y desde ahí se vuelve a derivar a la asociación AMUVI. Una situación que “vulnera los derechos de las víctimas y las somete a una nueva revictimización”.
Rodríguez ha recordado que Izquierda Unida ya puso en marcha una campaña en otoño de 2024 para exigir la creación de estos centros, y presentó mociones en numerosos ayuntamientos de la provincia. En todos ellos, los concejales del Partido Popular enmendaron el texto para retrasar la puesta en marcha hasta el 31 de diciembre, fecha límite fijada por el Gobierno estatal. “Pero ya sabían que no lo iban a cumplir. Mintieron a sabiendas, porque el pliego que se había publicado meses antes ya excluía la contratación de juristas”, ha subrayado.La coalición de izquierdas denuncia que lo que se ha hecho “no son centros de crisis, ni son integrales, ni están operativos 24 horas. Lo que ha hecho el Gobierno andaluz es mezclar recursos, darles una vuelta y vendernos una mentira”.
IU y el PCA exigen a la Junta de Andalucía que rectifique de inmediato, que dote a los centros de crisis de los recursos humanos y materiales necesarios, y que deje de jugar con la atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales. “Esto no va de cumplir con un trámite, va de cumplir con los derechos de las mujeres”, han concluido.
