domingo. 14.07.2024

Según ha adelantado el diario ABC de Córdoba y han confirmado a EFE fuentes judiciales, un informe de los Grupos de Especialistas de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) ha revelado que las maniobras acuáticas en las que fallecieron dos militares en diciembre carecían de las necesarias medidas de seguridad. Principalmente, se destacó la falta de ambulancia, personal sanitario y una "cuerda" que supuestamente servía de "línea de vida".

El informe corrobora las declaraciones de los testigos del caso que tuvo lugar la pasada semana ante el Juzgado Togado Central de Madrid. Estos testigos aseguraron que "no había nada" respecto a medidas de seguridad, ya fuesen lanchas, flotadores, personal sanitario o ambulancia. El abogado penalista Luis Romero, que ejerce la acusación particular en nombre de la familia del soldado fallecido Carlos León, informó que los testigos describieron la situación como "caótica" y detallaron que la ambulancia que fue a socorrer "estaba en el campo de tiro", lejos de la zona del suceso, y era "básica para traslados, curas y lesiones leves".

En relación con las mochilas que portaban los soldados durante las maniobras, los testigos indicaron que se hubiera necesitado primero una prueba de flotabilidad, algo "que no se hizo", y que las instrucciones sobre las mochilas "fueron generales", sin comprobar si estaban debidamente estanqueizadas. Además, los testigos subrayaron que la temperatura del agua del lago donde se realizaron los ejercicios era "extremadamente fría", y en esa zona "no se daba pie", algo que los soldados, cabos y sargentos de otros pelotones y secciones "no sabían".

El juez del caso ha detectado "indicios de responsabilidad penal" en el suceso y ha mantenido como investigados, principalmente, a los tres mandos responsables de las maniobras: un capitán, un teniente y un sargento. Sin embargo, la responsabilidad se amplió a otros cuatro altos cargos de la base, incluidos dos coroneles, un teniente coronel y un comandante. Todos ellos están aforados, por lo que el caso pasó al Tribunal Togado Central en Madrid, donde está previsto que declaren a partir del próximo 17 de julio como paso previo a la finalización de las diligencias en la instrucción del caso.

En su última visita a Córdoba el pasado mes de abril, la ministra de Defensa, Margarita Robles, recordó que la Base Logística del Ejército de Tierra es un ambicioso proyecto con una inversión prevista de cerca de 500 millones de euros. Las obras avanzan según los plazos establecidos, y la base podrá estar en funcionamiento para el año 2027 y en plena operatividad un año después.

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