Los perros utilizados para la caza como los galgos, los podencos, entre otros seguirán siendo considerados "meras herramientas" y viviendo "en condiciones de maltrato animal" cuando entre en vigor la futura Ley de Protección Animal impulsada por el Gobierno de España, a través de la Dirección General de Derechos de los Animales. Así lo denuncia este lunes la asociación protectora Galgos del Sur, con más de 12 años de experiencia en el rescate y puesta en adopción de perros "desechados" por cazadores.

Según la organización de Córdoba, el texto legal aprobado en el Consejo de Ministros "no perseguirá el maltrato a los perros de caza ni el desecho masivo de los mismos cuando son descartados por los cazadores por dejar de ser útiles". Serán las protectoras de animales "las que continuarán velando por su protección y bienestar, mientras que los cazadores seguirán criando de forma irresponsable con el único requisito de estar inscritos en el registro de criadores", ha censurado el colectivo.

“Cuando ya no sean útiles como herramientas de caza, seguirán deshaciéndose de ellos en el campo, en la calle o en plena carretera. O, en el mejor de los casos, en las puertas de perreras y protectoras de animales. Todo ello sin ningún tipo de consecuencia o multa”, ha lamentado la presidenta de Galgos del Sur, Patricia Almansa.

“Las protectoras seguiremos ejerciendo como servicio de recogida de perros de cazadores, haciendo el trabajo que deberían hacer las Administraciones Públicas y, encima, sin el apoyo, el reconocimiento y el respaldo de éstas”, ha añadido.

Según Galgos del Sur, las protectoras seguirán haciéndose cargo de responsabilidades como el rescate de animales abandonados, la atención veterinaria, la esterilización obligatoria, la alimentación, la recuperación física y psicológica de los perros y su sociabilización para que puedan ser adoptados y tener una segunda oportunidad. Además, advierte de que "son perros que llegan a los refugios aterrorizados, tras haber sufrido maltrato y vivido en condiciones deplorables, sin atención veterinaria, enfermos, heridos y, en muchos casos, atropellados y con fracturas".

Galgos del Sur recalca que, con la nueva Ley de Protección Animal, que aún no ha entrado en vigor, la esterilización solo será obligatoria para las protectoras de animales, mientras que esa obligatoriedad el Gobierno la ha eliminado del texto legal de forma “intencionada”, para no impedir la cría a los cazadores.

Otro punto en contra para Galgos del Sur es la diferenciación que hace de los perros de caza respecto al resto de perros, creando para ellos un apartado diferente denominado “perros utilizados en actividades específicas que se desarrollan en el medio rural”.

A juicio de la organización animalista, el propósito de esta diferenciación entre unos perros y otros es permitir que los utilizados para la caza continúen al servicio de los cazadores, "viviendo aislados en lugares no aptos, ubicados en las afueras de poblaciones rurales, lejos de los ojos de la sociedad y sin ser sociabilizados".

“Esto favorece que los cazadores, rehaleros y galgueros mantengan a sus perros en condiciones lamentables, en pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce y nadie se atreve a denunciar por miedo a represalias y con inspecciones laxas de forma esporádica, o directamente inexistentes”, ha lamentado Almansa.

El Gobierno "cumple con los cazadores"

En el artículo 37 de la futura Ley de Protección Animal, el Gobierno exime a los cazadores de obligaciones que sí impone a particulares, como realizar validaciones de comportamiento de sus perros y revisiones veterinarias específicas de aptitud, así como de poseer algún tipo de titulación específica o cursos de formación.

“Los perros de caza no tendrán edad mínima ni máxima para practicar la caza. Esto lo hacen así para favorecer que galgueros y podenqueros prueben a sus perros desde muy jóvenes, y así los rehaleros podrán seguir manteniendo a sus perros maltratados hasta el final de sus días”, ha asegurado Almansa.

Galgos del Sur considera que el Gobierno ha “cumplido con los cazadores”, sin querer perjudicarles en una actividad que conlleva en sí misma un maltrato animal sistemático e institucionalizado, y otorgándoles concesiones y privilegios con sus perros respecto a las personas particulares.

“Esta Ley no solucionará ninguno de los grandes problemas que sufren los animales en nuestro país. Ni el maltrato, ni la cría descontrolada, ni el desecho masivo de perros de caza. Lamentablemente, los animales seguirán desamparados”, ha concluido Almansa.