viernes. 03.02.2023

Exigen mejoras salariales y más horas de contrato para los trabajadores del Parador la Arruzafa

El sindicato denuncia la precariedad de buena parte del personal de esta entidad pública estatal, con sueldos que no superan los mil euros mensuales
Parador de la Arruzafa. Imagen: Booking
Parador de la Arruzafa. Imagen: Booking

CSIF aspira a consolidar su representación laboral en el Parador de la Arruzafa, donde cuenta con tres de los cinco delegados del comité de empresa, en las próximas elecciones sindicales, que se celebrarán el 22 de noviembre, y en las que la central sindical pretende seguir siendo la voz de los trabajadores y trabajadoras del único establecimiento con el que cuenta en la provincia de Córdoba.

    El sindicato resalta que acabar con la precariedad laboral de la plantilla de trabajadores del Parador es la máxima prioridad para la central sindical, por lo que reivindica una subida salarial y contratos con un mínimo del 75% de la jornada laboral. CSIF denuncia que más del 20% del personal de la entidad cuenta con contratos eventuales y con sueldos que no superan los mil euros netos mensuales, lo que sitúa a Paradores como la empresa pública con las peores condiciones laborales para sus empleados de todo el país.

En este sentido, el sindicato reclama sueldos acordes a la responsabilidad de cada trabajador y al mercado laboral, para lo que exige que se materialice una subida del salario fijo. Además, CSIF pide que la contratación del personal sea cómo mínimo del 75% de la jornada, ya que existen colectivos específicos en el establecimiento, como es el caso de las camareras de piso, que en su mayoría tienen jornadas laborales parciales, lo que las condena a una precariedad laboral sin ningún tipo de expectativas de mejora. La tasa de eventualidad que tiene este personal vulnera totalmente la orden de la Unión Europea (UE) que exige reducir la temporalidad en el sector público en España hasta el 8% en un plazo que expira en 2024.

CSIF lamenta que Paradores es la única empresa pública de España en la que la antigüedad no se reconoce económicamente, una situación que la central sindical pretende que sea corregida con un convenio acorde a los tiempos actuales y que permita fortalecer el plan de pensiones. 

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