Según ha detallado la edil en una nota, "esta oferta fue paralizada el pasado octubre por la Junta de Andalucía al incumplir con la ley que prevé que se reserve un 10% del cupo de plazas para personas con discapacidad".
"Incluso la Fiscalía ha presentado una demanda para investigar el desarrollo de la misma en la que considera preceptiva la reunión de este consejo", ha subrayado.
Por tanto, "este asunto no está resuelto tal y como han querido trasladar desde el gobierno local", ha aseverado Moya, quien ha agregado que "desde que trascendió la paralización de la Oferta Pública de Empleo en febrero, el Grupo Socialista ha exigido en numerosas ocasiones que se convoque el Consejo Local de Discapacidad para dirimir sobre la resolución de este tema".
Al respecto, ha indicado que "este Consejo es un órgano que tiene sus normas en el reglamento de participación ciudadana, un término al que parece que este gobierno local le tiene alergia".
Sin embargo, ha lamentado que "por la cabezonería política" del delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano (PP), que a su vez ostenta la responsabilidad en materia de Inclusión, "se ha pasado del ámbito administrativo al judicial con una consecuencia nefasta para Córdoba: siguen sin convocarse unas plazas que son muy necesarias y sin generarse puestos de trabajo públicos y de calidad", ha explicado Moya.
En este sentido, la edil ha advertido de que "tal y como explicó la Fiscalía, la convocatoria de este órgano para que se analice este asunto es fundamental para dar el visto bueno definitivo a una convocatoria de empleo que ya va demasiado tarde con la complicidad del alcalde, José María Bellido, que como en todos los asuntos espinosos juega a ponerse de perfil y a emprender la huida hacia adelante".
