Ante "la falta de transparencia de este equipo de gobierno y su falta de compromiso" con este tema, la portavoz socialista, Isabel Ambrosio, ha defendido en una nota que este servicio "sólo en 2018 atendió a 400 personas".
"El gobierno, con su batallón de cargos contratados, no sólo no ha sido capaz de poner en marcha su propuesta de crear una oficina de defensa de los derechos de los vecinos afectados por la ocupación ilegal, sino que además parece que tiene previsto dejar morir un instrumento que logró aplazar 148 desahucios sólo el año pasado", ha criticado la edil.
La Oficina de la Vivienda está diseñada para atender personalmente a los vecinos con problemas de vivienda, canalizar su situación ante las diferentes instituciones y aportar una respuesta integral, ha detallado.
Entre sus funciones, están la mediación con los juzgados y la paralización de desahucios, la coordinación con la Oficina de Vivienda de la Junta de Andalucía, la gestión de ayudas del alquiler o el asesoramiento jurídico.
"Contar con una vivienda digna, es un derecho de todas las familias cordobesas pero seis meses después de iniciar su gestión, este equipo de gobierno sigue haciendo visible su falta de compromiso con este asunto", ha apuntado Ambrosio.