viernes. 29.03.2024

En una nota, el consejo ha señalado que “este equipamiento se diseñó bien con la participación de otras administraciones” o bien con “participación del sector privado”, algo que no va a suceder, sino que se va a “cargar a los fondos municipales un servicio que, para tener cierta viabilidad, tiene que contar con el apoyo cierto de esas otras administraciones y del sector privado”.

El movimiento ciudadano no entiende que este último “se reserve solo para cobrar por servicios que preste al CEFC”, como “seguridad, organización o limpieza”. Además, “tampoco entendemos que no se asegure que las ferias de la provincia y parcialmente de la comunidad andaluza se celebren en número suficiente en el CEFC”.

A todo ello, se suma el hecho de que “no debería denominarse 'de Exposiciones, Ferias y Congresos' porque supondría entrar a competir con el Palacio de Congresos que ya existe en la ciudad y que es de carácter público, aunque esté gestionado por una empresa privada”. Al respecto, en su opinión, es “más adecuado que su denominación sea 'de Exposiciones, Ferias y Convenciones', adecuándose más a los objetivos para el que ha sido creado”.

Además, el CMC ha afirmado que es “absolutamente indeterminado no fijar el personal que se piensa destinar a este servicio público que nace dentro de un área, la de Reactivación Económica, pero sin fijar un personal mínimo suficiente para que pueda desarrollar su trabajo”, lo que “pone en duda la viabilidad del mismo”. “Si no se fija qué personal se tendrá solo puede significar que se van a externalizar todos los servicios, lo que necesitará de un tiempo indefinido para su contratación”, ha avisado el Consejo del Movimiento Ciudadano.

Acerca de la forma de financiación del servicio, el CMC ha considerado que “se debería tener en consideración precios especiales para entidades sin ánimo de lucro”. En lo que respecta a los derechos de los usuarios, “el respeto a sus creencias y opiniones tendrán como límite el respeto a la declaración universal de los derechos humanos y los valores constitucionales”, un “deber del usuario”.

El déficit del Centro de Convenciones podría cargarse a fondos municipales