Elena Páez. Ecologistas en Acción/Córdoba ha denunciado por escrito ante la Fiscalía de Córdoba, la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, y Desarrollo Sostenible en Córdoba, la ampliación ilegal de un chalet, por un lado, el desbroce de matorral y arboleda en una parcela, y, por último, el alzamiento de una alambrada, el desbroce manual y el repaso del camino de acceso y explanada, en otra. Todas las actuaciones referidas se han realizado dentro del ámbito de la parcelación ilegal conocida como el “El Salado”, clasificada por el PGOU vigente como “SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN”, junto a la barriada de Santa María de Trassierra.
Según informa Ecologistas en Acción en nota de prensa:
(...) Esta parcelación ilegal se encuentra en una zona de altísimo valor ecológico, donde aún estos valores ambientales predominan sobre las áreas ocupadas por los procesos de parcelación/urbanización ilegal. En “El Salado”, todas las edificaciones existentes “están fuera de ordenación”, en las que no se permiten reforma o mejora de las edificaciones, ni infraestructuras complementarias o dotación de servicios. Sólo cabe, por tanto, el régimen disciplinario vigente que no es otro que la restitución de la legalidad.
Aún siendo la situación urbanística del Salado (Trassierra) la descrita anteriormente, los propietarios/as de la referida parcelación ilegal, de forma individual y comunitaria, siguen consolidando la “urbanización” mediante el asfaltado de los carriles, la colocación de callejero, instalación de buzones, la inertización del suelo dentro de las parcelas y en terrenos comunitarios, y la banalización del paisaje forestal mediante desmontes, desbroces y plantaciones de especies ornamentales alóctonas, entre otras actuaciones.
Para colmo del despropósito, la empresa municipal SADECO habilitó en su día varios puntos con contenedores para la recogida de los residuos generados por los residentes de las edificaciones difusas y fuera de ordenación en la parcelación señalada.
Ecologistas en Acción considera que todo esto es posible por la actitud cómplice de la mayoría de las formaciones políticas, tanto las tradicionales como las no tradicionales. Un posición, que consiste en amparar legalmente a los que durante las últimas décadas han venido incumpliendo la legalidad urbanística, apoyando a los infractores y presuntos delincuentes urbanísticos cuya actividad no hubiera sido posible sin la trama de intereses económicos, políticos y técnicos, que se ha desarrollado durante décadas en el Ayuntamiento de Córdoba, y de forma subsidiaria, en el resto de las administraciones públicas con competencia en la materia.
Por último, Ecologistas en Acción, quiere recordar que las normas sobre uso del suelo obedecen a la lógica exigencia de un uso racional del suelo, de protección del medo ambiente, y de frenar la especulación (artículos 45 y 47 de la Constitución Española), y que obliga a todas y a todos, incluso a los máximos/as “irresponsables” de las formaciones políticas. (...)
