El coordinador del Área de Bienestar Social, Igualdad y Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez (IU), ha aclarado a la portavoz del PP en la institución provincial, María Luisa Ceballos, que la vacunación de residentes y trabajadores llevada a cabo en el Centro para Discapacitados Psíquicos de Alcolea se ha hecho "bajo el estricto control de la autoridad sanitaria", que corresponde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
En declaraciones a Europa Press, Sánchez ha reaccionado así después de que Ceballos haya anunciado que su grupo solicitará que se investigue quiénes son los "liberados sindicales vacunados" contra el Covid-19 en la institución provincial "fuera de protocolo", y ha exigido "responsabilidades" por ello.
Ante ello, el también presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación ha asegurado que "todas las personas vacunadas son trabajadores vinculados al centro, y se ha actuado según lo establecido en nuestro plan de vacunación, que es conocido por todos y está coordinado junto a la autoridad sanitaria".
Es más, según ha subrayado Sánchez, "se ha actuado conforme a lo establecido en el plan, coordinado con Salud y en el marco de la estrategia de vacunación estatal, bajo el estricto control de la autoridad sanitaria".
En este punto, Sánchez ha señalado que "es importante tener en cuenta que las personas usuarias del centro de Alcolea son especialmente vulnerables, por lo que es esencial que evitemos todo posible riesgo de contagio que pudiera producirse a través de los trabajadores que acceden al mismo".
Ello implica, según la respuesta que ya dio la Diputación al PP y a Vox, ante su demanda de información sobre este asunto, que se pueda vacunar igualmente a los delegados sindicales con liberación, ya que éstos también están obligados a trabajar, si se estima necesario, y de hecho así lo han hecho en más de una ocasión en el citado centro de Alcolea.
