CSIF denuncia una “alarmante falta de personal” en la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y considera que el plan de choque aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno para la tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social es “un parche” a la precaria situación de efectivos humanos en la que se cuentan dichos departamentos.
De hecho, el sindicato remitió el pasado 11 de junio un escrito a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior en el que ponía de manifiesto esta situación y alertaba sobre la posibilidad de llegar a “un colapso administrativo” en el caso de mantenerse la situación de “precariedad” en cuanto a efectivos humanos en el conjunto de estas delegaciones territoriales en Andalucía.
El Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía en CSIF Córdoba advierte sobre “una acuciante falta de efectivos” en los servicios de Protección de Menores, Gestión Económica de Pensiones no contributivas, de Acción e Inserción Social, de Personal, de Nóminas, en los Registros, en Centros de Participación Activa de Personas Mayores y en Centros de Valoración de la Discapacidad. “Esta situación conlleva una situación de estrés para los trabajadores, ya que el no dar de alta en la Seguridad Social en tiempo y forma conlleva la pérdida de días de cotización de la persona contratada para la sustitución, con las consecuencias que de ello se derivan”, destaca la central sindical
Ante esta problemática, CSIF propone la puesta en marcha de un plan de choque urgente para cubrir las vacantes que ya existen en este momento en la Delegación Territorial, al mismo tiempo que se apuesta, como una solución definitiva, por que se oferten todas las vacantes al personal funcionario de carrera de nuevo ingreso de los procesos que están a punto de concluir
Por todo ello, la central sindical considera que el plan aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno para poner en marcha un nuevo plan de choque para la tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social a través de una modificación presupuestaria que permitirá la contratación de 80 trabajadores para la gestión de estos expedientes “no solventa la situación estructural de falta de efectivos que existe”.
