En una rueda de prensa, la edil ha manifestado que "el gobierno municipal continúa sin hacerle un seguimiento a los contratos que suscribe, cuando debería vigilar siempre cómo se gasta el dinero de los contribuyentes", y "en este caso la envergadura del convenio -casi 37 millones de euros-, el mayor contrato del Consistorio, obliga a los responsables municipales a hacer un control milimétrico", ha declarado.
Ha recordado que "el perfil de trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio es el de una mujer que en la mayoría de los casos no tiene un contrato a jornada completa y, por lo tanto, está por debajo de los 900 euros al mes, dependiendo de las horas contratadas".
"Son muchas las economías familiares que dependen de este sueldo y que han visto, en los últimos meses, cómo el banco les cobraba intereses por dejar la cuenta al descubierto, cómo tenían que posponer pagos domiciliados o retrasar las compras necesarias para el día a día", ha resaltado Moya.
Las representantes sindicales le han trasladado al PSOE sus quejas sobre "las condiciones laborales que tienen que soportar a veces en su tarea diaria", asegurando que "acuden a infraviviendas que están en un estado lamentable o se encuentran con mascotas que a veces les atacan", según ha indicado la edil, precisando que "se ha dado incluso el caso de una agresión por parte de un usuario y a la trabajadora afectada se le ha obligado a acudir al mismo domicilio tras su reincorporación".
Al respecto, ha defendido que "es un servicio esencial para las personas dependientes y para sus cuidadores familiares, que no han dejado de cumplir su tarea ni en los peores momentos del confinamiento y que suponen un soporte vital para más de 2.000 personas dependientes".
