El juicio por la tragedia ocurrida en el campo de maniobras de Cerro Muriano (Córdoba), donde fallecieron un soldado y un cabo durante un ejercicio militar en diciembre de 2023, se centrará finalmente en cuatro mandos intermedios. La Justicia Militar ha procesado a un teniente coronel, un comandante, un capitán y un sargento por su presunta responsabilidad en los hechos, descartando juzgar a los altos mandos de la cadena de mando, incluido un coronel y el general jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X.
El Tribunal Militar Central, encargado de instruir el caso, ha determinado que el teniente coronel J.L. Zanfaño deberá sentarse en el banquillo como principal responsable, enfrentándose a dos delitos consumados contra los deberes del servicio, según el Código Penal Militar. Junto a él, serán juzgados el comandante Velasco, el capitán Zúñiga y un sargento cuya unidad estaba directamente implicada en la operación que terminó en tragedia. En cambio, el tribunal ha decidido eximir de responsabilidad penal al coronel A.F.I. y al general de brigada, al considerar que no tuvieron participación operativa directa.
Condiciones extremas y negligencia en la maniobra militar
Los hechos tuvieron lugar el 21 de diciembre de 2023. Durante unas maniobras en Cerro Muriano, los soldados Carlos León Rico, de El Viso del Alcor (Sevilla), y Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), murieron ahogados al intentar cruzar un lago en condiciones extremas: con temperaturas bajo cero y sin pisar fondo. La maniobra se realizó sin medios adecuados de seguridad ni supervisión sanitaria suficiente. Otros militares sufrieron hipotermia grave y uno de ellos llegó a entrar en parada cardiorrespiratoria.
La sala de instrucción concluyó que se ordenó el cruce sin una evaluación previa de riesgos, sin alternativas de paso más seguro y sin un dispositivo médico suficiente: solo había un médico y un camillero para más de 300 efectivos, y no existía un plan de evacuación funcional. Según testigos, “el frío los paralizaba en segundos”.
Responsabilidades y cadena de mando
Los autos judiciales señalan que la responsabilidad operativa del ejercicio recaía directamente sobre el teniente coronel Zanfaño, quien coordinaba la maniobra y debía asegurar las condiciones de seguridad, flotación, comunicación y evacuación. El comandante y el capitán, implicados en la planificación y supervisión directa, también serán juzgados por no haber ofrecido rutas alternativas ni cuestionado las condiciones peligrosas. El sargento, por su parte, tenía a su cargo inmediato a los soldados fallecidos.
Pese a la gravedad de los hechos, el tribunal militar ha descartado ampliar la imputación a los altos mandos. Argumentan que el coronel delegado no estuvo presente ni tomó decisiones directas sobre el ejercicio. En cuanto al general, su papel se limitó a aprobar el ejercicio como parte del plan anual de instrucción, sin entrar en detalles tácticos.
Críticas de las familias y asociaciones
Las familias de los fallecidos han expresado su frustración por el archivo de la causa contra los altos cargos. “Nuestros hijos murieron por una cadena de decisiones negligentes que empieza mucho más arriba”, declaró la madre del soldado Carlos León Rico. Diversas asociaciones de militares y organizaciones de derechos humanos han criticado lo que consideran “una cultura jerárquica opaca” que impide depurar responsabilidades más allá de los mandos intermedios.
Solicitan la suspensión de los militares procesados
Paralelamente, el abogado Antonio Granados Caballero, en representación de la viuda del cabo Jiménez Andújar, ha solicitado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la suspensión inmediata de funciones de los cuatro mandos procesados. El letrado se ampara en el artículo 111 de la Ley de la Carrera Militar, que permite suspender de funciones a militares con procesamiento firme, como medida preventiva y de protección institucional.
Hasta el momento, solo el capitán ha sido apartado temporalmente. El resto sigue en activo. “Se trata de adoptar medidas proporcionales mientras se esclarecen los hechos”, explicó Granados en su escrito remitido al Ministerio de Defensa.
El juicio, previsto para la segunda mitad de 2025
Con el auto de conclusión del sumario firmado el 30 de abril, se prevé que el juicio oral comience en la segunda mitad de 2025 en la sede del Tribunal Militar Central en Madrid. Será entonces cuando se analicen en profundidad las decisiones que llevaron a una de las tragedias más graves en maniobras militares recientes en España.
