CSIF denuncia que “la falta de personal y la mala gestión de la Administración sanitaria están propiciando más agresiones a los profesionales de la sanidad pública”, que en Córdoba aumentaron un 16% en 2021, pasando de 1.042 a 1.208 casos, según los datos oficiales del propio Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Con motivo de la celebración este sábado, 12 de marzo, del Día Europeo contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, el Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, ha lanzado una campaña bajo el lema ‘Cero agresiones ¡Basta ya!’, con la que exige tolerancia cero frente a la violencia física y verbal y reclama más recursos y medidas de protección ante esta creciente conflictividad, agravada durante la pandemia por la falta de recursos humanos en los centros sanitarios.
La responsable de CSIF Sanidad Córdoba, María Maestre, explica que el alto nivel de contagios de la sexta ola, el colapso de Atención Primaria, el retraso en la atención de patologías no Covid, la presión hospitalaria y una mayor crispación social han provocado un aumento en el número de agresiones, ante lo que desde el sindicato se demanda, entre otras cuestiones, más plantilla, más personal de vigilancia, cambios normativos para combatir este tipo de conductas, mejor adaptación de los lugares de trabajo para que sean más seguros ante las agresiones, así como más campañas de sensibilización.
Asimismo, CSIF pide que se facilite una mayor formación al conjunto del personal de la sanidad pública sobre cómo actuar ante casos de agresiones a profesionales de este ámbito, ya que “precisamente la falta de formación es uno de los puntos mejorables del Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía”. En este sentido, aboga por que se proporcione una adecuada formación tanto a los cargos intermedios como a los delegados de Prevención de Riegos Laborales (PRL), así como a los profesionales en general.
“Los profesionales nos trasladan en muchas ocasiones que no saben cómo activar el plan tras sufrir una agresión, en qué casos deben acudir para que se les realice un parte de lesiones o en qué situaciones pueden interponer denuncia”, según ha explicado Jiménez, quien ha considerado que “se trata de una realidad muy preocupante tras llevar tantos años con planes al respecto”.
En este sentido, Maestre lamenta que “incluso nos encontramos con que los profesionales han normalizado situaciones de violencia verbal contra ellos”. De hecho, recuerda que el sindicato continúa desarrollando la campaña HABLA, orientada a visibilizar y posibilitar que los profesionales que sufren este tipo de agresiones verbales las denuncien.
“La sobrecarga de las Unidades de Prevención, que deberían ser reforzadas”, es otra de las deficiencias apuntadas por el sindicato, que defiende además una mayor concienciación de la ciudadanía en general, así como potenciar la figura del trabajador o trabajadora social de Atención Primaria “como agentes clave para la comunicación con colectivos potencialmente conflictivos en determinadas zonas”. Según explica la representante sindical, en la actualidad dicha mediación es prácticamente “inexistente” debido a la carencia de profesionales de esta categoría para desempeñar esta labor fundamental en los centros de salud.
Igualmente, reclama “mejores condiciones de seguridad en los lugares de trabajo, de manera que el diseño del puesto de trabajo posibilite una salida ágil”. Por ello, CSIF aboga por “seguir avanzando en la modificación necesaria de las consultas, servicios de admisión y atención al usuario y de los distintos espacios de trabajo”. Además, advierte que “los botones antipánico no están en todos los servicios y en ocasiones no están cerca de donde se produce la agresión”, al tiempo que reclama que “deben plantearse medidas estructurales o de protección colectiva, así como una dotación adecuada de vigilantes de seguridad”.
La responsable de CSIF Sanidad Córdoba recuerda que hace dos años el sindicato dirigió una petición a la Consejería de Salud para introducir una serie de modificaciones de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, con el objetivo de adecuar el régimen sancionador ante casos de agresiones a los empleados públicos que trabajan en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía a la realidad actual, de manera que sirviera de medida disuasoria”. “Lamentamos no haber recibido respuesta a esta iniciativa, que pretende que todas las infracciones sean explícitamente expresadas, para que no existan márgenes de interpretación y, de este modo, ninguna conducta de este tipo quede sin sancionar”, concluye Maestre.
